El allanamiento del juzgado federal de Orán, la imputación al juez Raúl Reynoso en una causa por "asociación ilícita, cohecho y prevaricato", con la orden de detención del jefe de despacho, Miguel Angel Saavedra, los abogados María Elena Esper Durán, Ramón Valor, Arsenio Gaona, René Alberto Gómez y Lucinda María Segovia (liberada el viernes), y el ex detenido Diego Aquino, involucrados en una red delictiva que aparentemente gestionaba la libertad de narcotraficantes a cambio del pago de sobornos, es un nuevo escándalo de los que, periódicamente, colocan a nuestra provincia en la agenda nacional.
La Justicia deberá avanzar hasta el final para esclarecer toda la verdad, no solo por su deber institucional, sino porque el entramado del narcotráfico crece exponencialmente e involucra sistemáticamente a funcionarios de gobierno y fuerzas de seguridad.
La instalación de este comercio ilegal en la frontera, progresivamente, va transformando las áreas que controla en espacios al margen de la ley.
Sin la complicidad del Estado, el narcotráfico no podría avanzar como lo está haciendo hoy.
El fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, afirmó que "la complicidad de algunos jueces federales del Noa con la droga es de vieja data".
No solo de los jueces federales. En los últimos diez años fueron detenidos en nuestro territorio altos oficiales de la Policía Federal, la provincial y la Gendarmería cuando transportaban grandes cantidades de cocaína. Desde 2010, además, se incrementaron los casos de asesinatos a manos de sicarios en ambos lados de la frontera entre Argentina y Bolivia, sin contar los homicidios vinculados al consumo de drogas y el narcotráfico que se registran en las ciudades de la provincia.
Argentina es hoy receptor de pasta base y exportador de cocaína procesada en el país o ingresada a través de la frontera norte; además, hay un amplio mercado de consumo de esa droga y del derivado de la pasta base, el paco.
En el caso de Salta, es claro que la frontera está desguarnecida. En primer lugar, el gobierno nacional no designó al titular del juzgado federal de Tartagal, creado en 2011, que no tiene siquiera espacio físico asignado.
Además, se retiró a gran número de gendarmes para realizar tareas policiales en el conurbano bonaerense, a pesar de que se trata la fuerza con capacitación específica para detectar y frenar el comercio de drogas e insumos a través de la frontera.
Se habla mucho sobre la droga y el narcotráfico, pero no existe un reconocimiento del alcance del problema y de su enorme proyección hacia el futuro inmediato; por eso se recurre a la espectacularidad y a las sobreactuaciones, destinadas a impactar en la opinión pública una falsa sensación de eficiencia, cuando en realidad no existe estrategia nacional contra la droga.
Tampoco existe una estrategia provincial. La "provincialización" de la lucha contra el microtráfico, de acuerdo a los partes que emiten el Poder Judicial de Salta y el Ministerio de Justicia, se reduce a detener y condenar con llamativa celeridad a adictos sin recursos a los que se califica como "dealers". En tanto, nada se informa sobre los casos más resonantes, en especial, el del vehículo policial provincial que en abril pasado fue interceptado cerca del barrio Autódromo cuando transportaba 68 kilos de cocaína desde Orán a nuestra ciudad.
El escándalo que tiene como protagonistas al juez Reynoso y a varios abogados salteños es grave en sí mismo, pero si no se lo reconoce como síntoma de algo mucho más profundo, este tipo de ilícitos se multiplicará, porque se ha instalado una red muy densa de ilegalidad, que incluye al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, y que se extiende desde la frontera norte hasta los grandes conglomerados urbanos.
La avanzada del narcotráfico castiga con su violencia a la sociedad, especialmente a los sectores vulnerables y, frente a ella, el Estado se muestra inerte.
Quizá ahora, cuando un juez que había adquirido reciente fama a nivel nacional quedó imputado en un delito tan grave, se presente la oportunidad para que el narcotráfico sea abordado a través de políticas de Estado, es decir, consensuadas, instrumentadas con seriedad e idoneidad.

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Sección Editorial

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ALBERT LUIS
ALBERT LUIS · Hace 12 meses

mas de una vez ...hice un panorama de lo que son la frontera del norte........Y EL MISMO INTERIOR DE NUESTRA SALTA.........EL DPTO ANTA POR SU UBICACION GEOGRAFICA ES UN PUNTO CLAVE.....SIEMPRE LO SOSTUVE ES ...UNA ZONA LIBERADA........DESDE AÑOS LO VENGO SOSTENIENDO.............NO EXISTE CONTROL ALGUNO O PUESTO FIJO.......COMO ES POSIBLE....QUE DESDE SANTIAGO DEL ESTERO..........VENGAN A VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS...??????? CUANDO CAYO EL AVION EN ANTA.......A LAS 6H DE LA DENUNCIA ...SE TUVO QUE PARTIR DESDE STGO DEL ESTERO.....?????? UNA INCOGRUENCIA.....ALGO IRONICO.......SON 45 A 50 MINUTOS DE VUELO......LO SUFICIENTE PARA RECORRER UNOS 100 A 150 KM EN LAS RUTAS DEL INTERIOR.... Y DESAPARECER........EN EL DPTO ANTA ......SE TIENE QUE MONTAR INMEDIATO......UN UNIDAD AEREA Y TERRESTRE DE LOGISTICA FIJA CON CABECERA EN ANTA.........SON LOS PUNTOS VULNERABLES.....ZONA ROJA......ZONA LIBRE ....EL ESTDAO MIRA PARA OTRA PARTE......NO LE INTERESA UNA MIERDA......EL VERSO MAS GRANDE QUE HIZO ALUCION ..LA ENGENDRA ....EL TEMA DE RADARIZACION......NO EXISTE .......SON UNA MENTIRA .....EL CIRCO Y VERSO MAS GRANDES.....