El caso de Milagro Sala salió a la luz en un momento que el paulatino retiro del "paragua" estatal se empieza a hacer sentir en varias empresas (el caso de la avícola Cresta Roja, la empresa aérea Sol), aunque en este caso en Jujuy le tocó el turno a la otrora poderosa Tupac Amaru.
La agrupación creció al amparo del gobierno de Cristina Kirchner a través del otorgamiento de distintos beneficios, que fueron articulando una estrategia de poder cada vez más difícil de neutralizar.
Por el contrario, el avance de Milagro Sala fue tan grande que en las últimas elecciones la catapultaron en vuelo directo al Parlasur.
Sin embargo, el nuevo escenario político le tenía preparada una sorpresa y apareció ayer cuando abruptamente la policía jujeña realizó un allanamiento y la detención de la dirigente social.
El nuevo gobernador, Gerardo Morales, le había dado plazo a la Tupac Amaru hasta el jueves por la noche para que levantara el campamento que instalaron frente a la Casa de Gobierno hace un mes, en reclamo de seguir distribuyendo la ayuda social sin intervención del Estado. El Estado -según el propio mandatario- ahora quiere intervenir para tener un empadronamiento de todos los beneficiarios, mientras que la organización se niega, para seguir distribuyendo a su libre albedrío.
La tensión se complica porque es un tema de alta sensibilidad social que puede profundizar la grieta entre dos sectores netamente definidos: los grupos que alteran el orden y los que prefieren la sana convivencia. Precisamente el gobierno de Mauricio Macri prioriza estos elementos bajo el concepto de mayor diálogo; además de eliminar de raíz las "cajas" intocables.
El viernes el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sostuvo que "el Estado debe tener responsabilidad en la asignación de recursos" y en esa sintonía está Gerardo Morales.

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