El epílogo de Fútbol para Todos, aunque aún no tiene fecha firme, señala la culminación de un ciclo iniciado en 2009, durante el cual el Estado se hizo cargo de la televisación de los partidos de fútbol profesional.
La decisión fue adoptada por los clubes de primera división, que solicitaban un aporte del Estado de 2.500 millones de pesos y rechazaron los 1.250 millones que ofreció el presidente Mauricio Macri.
En los siete años que transcurrieron desde que el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaron el acuerdo, el Estado destinó 7.863 millones de pesos a la transmisión de los partidos, que nunca llegó a tener publicidad comercial, ni siquiera para los encuentros decisivos ni para aquellos en los que participaron los clubes más convocantes.
En 2009, estaba previsto un financiamiento estatal de 600 millones de pesos anuales, que teóricamente iban a ser recuperados con la venta de publicidad. Fue un derroche: de acuerdo a los costos estimados por el Convenio marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas de ese año, con esos fondos el Estado hubiera podido construir 10.400 viviendas de buena calidad. La desmesura es evidente: en 2015, el presupuesto del programa Fútbol para Todos fue de $1.742,7 millones; el del Ministerio de Cultura, $1.508 millones; los fondos de urbanización de las villas y asentamientos precarios se limitaron a $1.614 millones y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contó con $1.111 millones.
Prevaleció el concepto de que ver los partidos en directo y sin pagar es un derecho ciudadano. El balance de esta experiencia no es satisfactorio y deja la enseñanza de que "nada es gratis, porque alguien lo paga".
Más allá de los beneficios que supone la posibilidad de acceso a los bienes de consumo, cualquiera sean, la televisación del fútbol no puede estar entre las prioridades.
De hecho, solo funcionó como medio de campaña política del sector gobernante, dio origen a la creación de entidades absurdas -como Hinchadas Argentinas Unidas compuesta por barrabravas militantes- y culminó con la prohibición del acceso a los visitantes.
Como suele suceder en todos los casos en los que no hay licitación transparente ni control del uso de los fondos públicos, el Estado terminó envuelto en hechos de corrupción que estallaron tanto en la FIFA como en la AFA, y los clubes no resolvieron sus problemas. Por el contrario, acumularon una deuda de mil millones de pesos con esta última entidad. Los más endeudados son, justamente, aquellos en cuyas conducciones más interfirió la manipulación política del fútbol.
La realidad es que este deporte profesional está en quiebra, a pesar de tratarse de una actividad que mueve negocios por cifras siderales. En ese contexto, el Estado no puede aplicar sus fondos para un salvataje sin control, como lo hizo desde 2009.
La AFA es una entidad sin transparencia ni rumbo. El fracaso de la elección de presidente, en diciembre pasado, cuando se hizo fraude en una votación con apenas 75 electores, es un dato más que elocuente.
El presidente Macri se comprometió, en su campaña, a mantener hasta 2019 el acceso gratuito a las transmisiones de fútbol de primera división. El Gobierno estima que el 85 por ciento de quienes ven fútbol por TV utilizan el servicio de cable. Para cumplir aquel compromiso será necesario encontrar alternativas.
Los más importante y urgente es asumir que las instituciones públicas, estatales o no, se encuentran en crisis en la Argentina. En el caso de la AFA, es terminal, a pesar de la calidad de los futbolistas argentinos y sus cotizaciones en el mercado global.
La solución propuesta por los clubes, la de "llamar a licitación para sacar el mejor valor posible para el fútbol", es lo más razonable.
El Estado debe promocionar la educación física, alentar el deporte amateur, acompañar a las disciplinas atléticas de escaso interés para el mercado, pero no puede comprometer al erario público en financiar negocios que no controla; y ningún gobierno tiene derecho a utilizar al fútbol profesional en beneficio propio o de sus funcionarios.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial