El Gobierno nacional le retuvo a las provincias unos $400.000 millones desde 2006 y si ahora los devuelve tras la orden de la Corte Suprema de Justicia, el déficit fiscal treparía al 7,3 por ciento del Producto Bruto Interno del país.
La Corte falló a favor de las provincias en el reclamo de devolución del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables, lo que podría llevar a las cuentas públicas a un deterioro que superaría al del año 2001.
Así lo analizó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) en un informe en el que también opina que el fallo del máximo tribunal podría llegar a "entorpecer la gestión del próximo gobierno".
Los fondos retenidos estaban destinados al financiamiento de la Anses; las provincias inmediatamente beneficiadas son Córdoba, San Luis y Santa Fe; pero desencadena el reclamo del resto de las provincias.
La retención del 15% de la masa coparticipable nace en el pacto fiscal de 1992 cuando, para financiar la severa crisis que sufría el sistema previsional, la Nación y las provincias decidieron compartir el esfuerzo.
El pacto se prorrogó en 1995, pero venció en diciembre de 2005 y sin mediar un nuevo acuerdo, el gobierno de Néstor Kirchner decidió a través de la ley de Presupuesto 2006 mantener esa apropiación.
Como era previsible, la Corte consideró ilegal esta detracción disponiendo su inmediata suspensión y un plazo para que se devuelvan los fondos apropiados desde el 2006.

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