La responsabilidad del funcionario público por daños ocasionados en el ejercicio negligente de sus funciones debe definirse con precisión en las sociedades donde el Estado asume roles importantes.
Cuando no existe un juzgamiento inmediato y práctico de la responsabilidad del funcionario, son los contribuyentes -con sus impuestos-, los que deben soportar los daños producidos por este último. En este caso "... la sociedad toda se comporta como una gran compañía de seguros que indemniza los daños ocasionados por los funcionarios públicos" (Bianchi, 1996).
La normativa vigente en Salta define cuatro tipos de "responsabilidades" en el "funcionario público": política, penal, patrimonial y civil, pero solo las dos primeras funcionaron alguna vez. Por el contrario, no existen antecedentes judiciales en los que se haya condenado a un funcionario público a reparar con sus bienes los daños ocasionados a terceros por el ejercicio irregular o negligente de sus funciones. Este tipo de responsabilidad es la que realmente interesa al contribuyente, porque si el funcionario que provocó un daño no lo repara con sus bienes lo debe reparar el Estado con el dinero del contribuyente.
Los que miran para otro lado
El deber de reparación de daños del funcionario público poco interesa a legisladores y controladores. Ellos forman parte de un "sistema político", al que sólo interesa la responsabilidad "política" del funcionario, especialmente cuando algún sector impulsa destituirlo o sancionarlo. El origen del dinero que reparará los daños provocados (si saldrá del patrimonio del funcionario o del Estado) poco importa al legislador y al controlador.
Si se trata de daños a terceros ajenos al Estado se denomina responsabilidad civil y si los daños son al propio Estado, responsabilidad patrimonial. Es decir, la responsabilidad civil apunta a que el funcionario repare daños ocasionados a terceros (los administrados) y la patrimonial procura la reparación de daños producidos a los bienes de la administración.
La Constitución de la Provincia de Salta establece que tanto el Estado con dinero público como los funcionarios y agentes con su propio patrimonio - "son responsables por los daños que ocasionen" (artículo 5). Establecida la responsabilidad de ambos, es la Justicia quien debe determinar en cada caso, cuando responde el Estado y cuándo debe responder el funcionario.
Por su parte, la Ley 7.103 (artículo 6º) establece que "La declaración y graduación de la responsabilidad del posible daño patrimonial al Fisco de quienes tengan injerencia en el manejo de fondos, valores u otros bienes públicos, sean como administradores, recaudadores, simples gestores, custodios o aún como beneficiarios de concesiones de servicios públicos, de aportes o subsidios, constituyen pretensiones deducibles ante el fuero en lo Civil y Comercial de los tribunales provinciales, por la Auditoria General de la Provincia de acuerdo al Artículo 169 de la Constitución Provincial". El organismo que debe ocuparse ante la Justicia, que los funcionarios re­paren los perjuicios ocasionados al Estado en ejercicio de sus funciones es Fiscalía de Estado (Constitución de Salta, artículo 149).

Antecedentes no faltan
La propia Corte Suprema y las Cá­maras Nacionales abren el camino para que los funcionarios separen con sus propios bienes los perjuicios ocasionados a terceros y al Estado, por negligencia en el ejercicio de sus funciones. Esa es la tendencia que muestran en los fallos "Mendoza" (2001), "Aborígenes del Chaco" (2004), Massa (202), "BEA" (2010), Nicotra (2010), entre otros.
Si un funcionario actúa con dolo, negligencia o culpa en su trabajo co­tidiano es lógico que repare con su patrimonio la lesión o perjuicio en un derecho o en un bien de un ciu­dadano. Cassagne sostiene que la responsabilidad personal de los fun­cionarios públicos hace a la "armo­nía social", porque no es justo ni pru­dente que la comunidad tenga que afrontar cuantiosas indemnizacio­nes por negligencia de uno o varios funcionarios que no hacen bien su trabajo.
La Ley 26.944 aporta una solución conceptual que los jueces y fiscales de Salta pueden y deben adoptar y aplicar: "La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públi­cos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o do­lo, las obligaciones legales que les es­tán impuestas, los hace responsables de los daños que causen" (artículo 9º).
Lo que tenemos que hacer
Para que la responsabilidad del funcionario público sea una realidad en Salta, los pasos son:
1.- que quién demanda al Estado es­té obligado a detallar el nombre de los funcionarios actuantes (si los sa­be) y que el Estado esté obligado a ci­tar al proceso a dichos funcionarios y a otros que considere responsables;
2.- que durante el proceso esos fun­cionarios tengan plena participación para que, durante el mismo, el Juez evalúe sus responsabilidades;
3.- que, en caso de ser condenado a pagar sumas de dinero, el Estado es­té obligado a iniciar la acción de re­petición como una continuación del proceso y ante el mismo Juzgado contra dichos funcionarios;
4.- que durante el proceso se dis­pongan las medidas preventivas so­bre los bienes de los funcionarios, quienes deberán siempre conservar ciertas garantías.
El "contribuyente" es éste el único interesado en investigar y juzgar la responsabilidad civil del funcionario público. Las sociedades libres no de­ben "delegar" todo en el Estado. Un grupo de salteños, de distintos pen­samientos y profesiones, actualmen­te estudia posibles formas de partici­pación ciudadana en la determina­ción de la responsabilidad del funcionario público. Crece la idea de un Consejo Ciudadano que estudie y opine sobre casos puntuales. Si a ellos les va bien, nos irá bien a todos, porque tendremos una sociedad más armónica y crecerá la Repúbli­ca.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia


David Espinosa
David Espinosa · Hace 9 meses

Me gustó la nota, muy clara.-


Se está leyendo ahora