El Congreso brasileño puso ayer en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el cual estará en manos de 65 diputados de 23 partidos, quienes decidirán si la mandataria será sometida a un juicio político.
Esos 65 legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
La comisión, según se acordó hoy, se instalará el próximo lunes y ese mismo día se notificará oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, aún no definidas en términos de días, para presentar su defensa.
Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al plenario de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos). En caso de que los diputados lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo. El proceso fue aceptado a trámite por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un polémico legislador enemistado con Rousseff, pese a que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria del Estado brasileño.
El oficialismo en pleno ha puesto el grito en el cielo en defensa de Rousseff, pero en medio de las protestas sorprendió el silencio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia. Cunha recibió un pedido presentado por juristas y cuatro partidos opositores que se fundamenta en las irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó millonarias deudas acumuladas con la banca pública. El jefe de los Diputados integra la lista de medio centenar de políticos salpicados por las corruptelas en Petrobras y puede perder su escaño en un juicio iniciado por esa causa en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, que ayer fue motivo de acusaciones mutuas entre el Gobierno y Cunha, que agriaron aún más el clima político.
Entre sus argumentos, Damous sostiene que Cunha actuó motivado por "intereses personales, sin ninguna finalidad pública", y que incurrió así en lo que la ley califica de "desvío de funciones". En el mercado financiero, deprimido en los últimos meses por la grave situación económica del país, el terremoto político generó una euforia que reflejó el descontento con la gestión de Rousseff y la Bolsa de Sao Paulo tuvo ganancias del 3,29 %, mientras que la moneda brasileña se apreció un 2,26 % y el dólar cerró a 3,748 reales.

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