El Gobierno anunció ayer que cumplirá de inmediato con el fallo de la Corte Suprema que lo obligó a anular el aumento de tarifas de gas para usuarios residenciales y hoy mismo convocará a audiencias públicas para definir precios de producción, transporte y distribución del combustible. Al tiempo que insistieron en que se deben actualizar las tarifas de los servicios públicos.
En paralelo, ordenará a las distribuidoras refacturar los consumos domiciliarios de gas desde el 1 de abril último con los valores del cuadro tarifario anterior a los incrementos, según anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Si bien minimizó el impacto del fallo de la Corte porque recayó solo sobre en el 26% del consumo total de gas (que son los hogares) y el restante 74% (industria y comercios) tendrá que pagar el reajuste, advirtió que habrá un "costo fiscal importante" y el dinero tendrá que salir de otra área, aunque evitó dar precisiones sobre la magnitud.
Las tarifas para las industrias y comercios seguirán de acuerdo con el cuadro tarifario que entró en vigencia el 1 de abril, por lo que esos sectores de la economía tendrán que abonar incrementos de hasta 500 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.
Peña dejó en claro que el espíritu de la gestión es, una vez realizada las audiencias públicas, avanzar con la "actualización" de las tarifas porque la Argentina necesita generar inversiones que garanticen el aprovisionamiento para reducir la importación el déficit fiscal que ella produce. Peña estuvo acompañado por los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano.
En medio de la tensión social que generó el hasta ahora trunco ajuste de tarifas, el Gobierno saldrá a buscar un acuerdo político con la oposición para impulsar la revisión integral de las tarifas de los servicios públicos hacia fin de año.
En ese sentido, el funcionario habló también de una iniciativa oficial de convocar a un "acuerdo federal energético con las fuerzas políticas, los gobernadores, la sociedad civil y el sector empresarial".
"Es un desafío muy grande que tenemos como sociedad dar ese debate para mirar el largo plazo", dijo el funcionario nacional.

Una medida que saldrá unos US$700 millones

Aseguran que se harán menos obras para hacer frente al fallo de la Corte. El exsecretario de Energía Emilio Apud estimó ayer que el fallo que suspendió el aumento de tarifas residenciales de gas tendrá un costo de 700 millones de dólares, unos 10.500 millones de pesos.
El exfuncionario del gobierno de la Alianza dijo que ese aumento derogado por la Corte era "necesario para que las empresas pudieran volver a moverse".
Apud, quien ahora se desempeña como director en representación del Estado por las acciones clase A de YPF, sostuvo que "lo positivo es que en octubre tal vez se vuelva a la tarifa plena y se pueda avanzar a la renegociación de los contratos".
"Mientras tanto, el Gobierno seguramente deberá endeudarse o hacer menos obra pública, mientras que la gente deberá entender que es inevitable el aumento tarifario, porque es una restricción muy grande para conseguir inversiones después del vaciamiento que hizo el kirchnerismo", añadió.
Consideró que el fallo de la Corte es "muy político y de corto plazo", "es un fallo salomónico, que responde un poco a la expectativa en contra de los aumentos generada por muchos jueces amparistas".

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Sección Editorial

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Norberto Maidana
Norberto Maidana · Hace 3 meses

muy bien que sigan los aumentos, para los tontos que los votaron a este Gobierno. JODANSEN a llorarle a magoya.

Juan Perez
Juan Perez · Hace 3 meses

Norberto, la gente tiende a no admitir sus errores, así que se la van a aguantar calladitos, por eso no te preocupes, por otro lado esta gente que esta en el gobierno es muy inteligente, va a ser muy dificil sacarlos del gobierno, le vendieron a la gente lo principal, esperanza, el sentimiento mas fuerte que existe, esto aunado a la parafernalia mediatica y de las redes sociales con la que cuenta y paga, es un coctel muy bueno


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