Se prevé para mañana el lanzamiento de una "pensión universal a la vejez," con el objetivo de atender con un subsidio a la población sin aportes previsionales en edad de jubilarse.
La reforma contempla el fin de la litigiosidad previsional con el pago de todas las demandas, que se calcula que en la actualidad alcanzan las 400 mil, por jubilados a quienes no se les aplicaron ajustes de haberes en línea con la inflación acumulada ni con el monto de sus aportes. Se trata, según los funcionarios, de un proyecto de ley que apuntará a instaurar jubilaciones proporcionales a los aportes hechos en el historial laboral de cada trabajador. Para Mauricio Macri y el gabinete económico el objetivo es restituir la noción de mérito: es decir, un haber jubilatorio mejor para quienes se desempeñaron en el sistema formal.
Como lo exponen en el Ejecutivo, se buscará organizar una reformulación del sistema jubilatorio con el reemplazo del actual sistema de reparto por la "pensión universal", cuyo monto y características anoche todavía se mantenían en reserva. El sostén del sistema indica que cualquier beneficio de carácter universal debería estar por debajo de la jubilación mínima, la que cobra la mayoría de los retirados y que en la actualidad es de 4.959 pesos.
Fin de la moratoria
Desde el Gobierno ya habían avisado sobre el fin de las moratorias que estaban en vigencia, y que durante las administraciones anteriores habían ampliado la cobertura previsional hasta un universo superior al 90% de las personas en edad de jubilarse. No habrá afectación sobre las jubilaciones otorgadas mediante esas moratorias, y la reforma sólo se aplicará con los nuevos ingresantes al sistema, con la pensión universal para quienes no cuenten con aportes y un haber superior a quienes hubiesen trabajado en blanco y proporcional a las contribuciones propias y de sus empleadores.
En cuanto a los juicios subsistentes, los funcionarios confirmaron que se pagarán en su totalidad con los recursos surgidos del blanqueo de capitales que se anunciará mañana mismo y así como la venta de acciones de las ex AFJP, en la actualidad bajo la órbita de la Anses. En ese combo el objetivo será incluir tanto a quienes obtuvieron sentencia definitiva favorable y aguardan por el fin de las apelaciones por parte del Gobierno, como a los que tienen su juicio en instancias intermedias. Se calcula que el stock de demandas es de 400 mil en total.
Ayer el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, destacó que no menos de 300 mil jubilados se verán beneficiados por esa decisión, pero advirtió que hay más de un millón de personas que pasaron a retiro y no iniciaron demandas, que a su criterio también tienen derecho a cobrar un diferencial respecto de su haber.

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