"Mañana te exploto la gobernación de María Eugenia Vidal". Antes de que la operadora del 911 reaccionara a preguntar algo, el llamado se cortó. Pero eso no impidió que se activara un arduo protocolo que determinó que el autor de la amenaza fue un preso de la Unidad 9 de la cárcel de La Plata. No fue el primer llamado: desde que asumió, el gobierno de Cambiemos recibe una amenaza por día y el tema mantiene en vilo a todo el Ministerio de Seguridad, que tiene un claro mecanismo de respuesta, selección de casos y rastreo de cada uno de estas amenazas.
Cuando la advertencia es telefónica, como en ese caso, la Policía manda preventivamente a un equipo de efectivos al lugar. Según explicó la vocera de la Policía Federal Marcela Constantino a TN.com.ar, el primer paso es perimetrar y evacuar la zona. No tiene que quedar nadie a menos de 200 metros del punto en donde estaría el paquete sospechoso. "Según la amenaza, se llama a la División Explosivos de Bomberos de la PFA. Depende del paquete, a veces se requiere un robot", detalló. Personal especializado toma medidas de precaución para resguardar el artefacto y lo desactiva. Por lo general, se utiliza un escáner para comprobar si tiene explosivos dentro.
En caso de no encontrar un paquete, de todas formas se evacua el lugar hasta chequear que no haya peligro. A pesar de que, según Constantino, el 95% de las llamadas son fraudulentas, la única forma de averiguar si son ciertas es a través de una investigación judicial. Por eso, el ministerio de Seguridad presenta una denuncia por cada intimidación que recibe.
"La amenaza es un delito, tenemos que tomarlas a todas por igual. Si son ciertas o no se sabrá con la investigación del juez", explicó a este medio el secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman. El especialista en prevención de atentados Ramiro Anzit lo ve con más contundencia: "Hay que cubrir un rango de acción muy grande y no te podés equivocar. Nunca hay que minimizar una amenaza, las posibilidades de que exista siempre son válidas".
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Amenazas caras
En paralelo al apuro de la Policía por evitar una posible tragedia, el ministerio de Seguridad cuenta peso por peso el costo que enfrenta el Estado para responder a la amenaza. Además aporta a las Justicia, como audios o datos del usuario si es que la amenaza fue a través de internet.
"Medimos cuánto le cuestan al Estado esas amenazas. Hay que hacer una investigación que implica recursos humanos y tecnológicos, si hay que poner custodios en un área determinada contemplamos la hora hombre de un oficial más el vehículo", explicó Milman.
El funcionario detalló que, generalmente, la Justicia embarga al culpable por lo que el Estado gastó en responder a su intimidación. A Miguel De Paola, el twittero de 21 años que amenazó con hacer un atentado terrorista en la Casa Rosada, la jueza María Servini lo embargó por 20 mil pesos.
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Amenaza seria vs. Amenaza apócrifa
Anzit, autor del libro Terrorismo, Análisis de un Condicionante Crítico del Tercer Milenio y miembro de la Asociación Internacional de Lucha contra el Terrorismo y Profesionales de la Seguridad explica que, para saber si una intimidación es real, hay que estudiar el artefacto más que la amenaza en sí. Para eso, el primer paso es considerar en qué contexto se hizo la intimidación y analizar la información que se recabó. Si la amenaza fue vía internet, se hace una red de ingeniería para detectar de qué computadora salió.
Hay tres tipos de amenazadores. Los terroristas, las agrupaciones políticas que intimidan contra el sistema y los "lobos solitarios" que amenazan sin un fin o una motivación clara. Anzit asegura que en el país prácticamente no hay amenazas terroristas y opina que la ola de intimidaciones contra el Gobierno "tiene más olor a tratar de generar una conmoción social que una amenaza real".
El especialista señaló que cuando quien amenaza es una organización internacional lo anuncia públicamente en sus sitios oficiales, como pasa con los atentados del grupo islámico ISIS. Esto aumenta las posibilidades de que la intimidación sea seria.
Cuando la amenaza es interna, es decir que proviene de una organización política o una persona, hay que analizar si está avalada por un hecho -como disturbios en la vía pública o descontento ante medidas del Gobierno-. La principal pista de que el riesgo es real es que haya un artefacto. "La base para los indicios es la Inteligencia, que el Estado pueda obtener informaciones de posibles amenazas", opina Anzit. Y remarca que, a pesar de que los servicios de Inteligencia están vistos de forma negativa, son cruciales para la seguridad de un país.
El especialista en prevención de atentados señala que en la región hay signos de que hay organizaciones terroristas. "La probabilidad de un ataque en el país es mayor porque Argentina es de fronteras abiertas, Néstor Kirchner determinó con la Ley de Inmigración que puede entrar un colombiano que estuvo preso por secuestro, por ejemplo", remarcó. Anzit concluyó que no estamos exentos de sufrir un atentado y aseguró que es necesario fortalecer un órgano de coordinación que maneje Inteligencia y cuadros especializados. Para eso, remarcó, es fundamental preparar jueces y fiscales especializados en terrorismo.

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