La utilización de la base de datos de Anses por el Gobierno nacional genera dudas en cuanto a su legalidad, pues no existe razonabilidad entre el medio empleado, una resolución violatoria del derecho a la intimidad, y el fin que se busca alcanzar, una supuesta mejor y más eficiente comunicación pública.
Gran polémica ha generado el dictado de la Resolución 166-E/2016 de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto aquella establece un convenio marco de cooperación entre Anses y la Secretaría de Comunicación Pública, que autoriza un intercambio electrónico de información entre ambos organismos. De esta forma, Anses, titular de una base de datos que comprende al menos 17 millones de personas, deberá remitir periódicamente datos personales a la Secretaría, quien podrá usarlos con el genérico fin de "llegar a la población con información de acciones de gobierno y con mensajes de utilidad pública que resulten de relevancia". Al conocerse este Convenio, la repercusión en los medios masivos fogoneada por dirigentes de la oposición- fue inédita, trayendo a discusión un tema de trascendencia jurídica como es el de la transferencia de datos personales.
En este marco, es de destacarse que no es novedoso el hecho de que se transfieran datos entre organismos de la Administración Pública, ni mucho menos lo es que Anses se vea involucrada en una cesión de datos. Por el contrario, la Resolución 952/2008 de dicha dependencia establece una "Política de Intercambio Electrónico de Información", con expresa referencia a la seguridad y confidencialidad de los datos, transacciones y habilitación de usuarios, la cual se encuentra en cumplimiento con la Ley 25326 de Protección de Datos Personales, que es la ley que rige para todos los casos en los que exista tratamiento de datos, con independencia de que sean de personas públicas o privadas.
La cesión de datos personales no sólo es legal por estar prevista en la citada ley, sino además, una práctica habitual que se lleva a cabo sin el consentimiento del titular, siempre y cuando se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa y en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias (artículo 11, inc. 3º C Ley 25326).
El hecho de que no se requiera el consentimiento, no implica que la cesión de datos establecida en el convenio no deba cumplir otros principios que emergen de la Ley 25326, a saber:
- Sensibilidad: se entiende que son "datos sensibles'' aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Tratándose de datos sensibles, la ley exige siempre el consentimiento. En el caso, la información a transferirse (nombre y apellido, DNI, CUIT/L, domicilios, correos electrónicos, etc.) no es susceptible de categorizarse bajo esta noción, por lo cual el objeto del convenio es lícito.
- Seguridad: se trata de la adopción de todas las medidas técnicas y organizativas tendientes a prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado de los mismos, permitiendo detectar desviaciones de información. El Convenio cumple con este principio al prever como medidas de seguridad, la protección de los datos a través de firewalls, software antivirus, medidas de control lógicas y físicas de acceso, y utilización de criptografía para la transferencia de información.
- Confidencialidad: debe guardarse especial confidencialidad sobre todo dato que llegare a conocimiento del titular de la base de datos, siendo éstos responsables civil y administrativamente por cualquier difusión culposa o dolosa de datos, y/o penalmente por los delitos previstos en los artículos 117 bis (inserción de datos falsos que afectan el honor de una persona), y 157 y 157 bis (violación de secretos, y acceso, inserción y revelación ilegítima de datos personales) del Código Penal. El convenio establece pautas para los dependientes que tuvieren a su cargo la manipulación de la información a transferir, cumpliendo así con la ley.
- Finalidad: conforme lo exigido por el Artículo 4º, inciso 3º, "Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención". He aquí el quid de la ilegalidad del convenio, pues claramente, quienes proveyeron sus datos a Anses lo hicieron con el fin de acceder y gozar beneficios previsionales o sociales, y no para que dicha información sea utilizada por el Gobierno como una herramienta propagandística de sus actos de gestión. El incumplimiento de este principio, torna ilegal el convenio en su conjunto, ya que la propia ley exige que el cumplimiento de los principios protectorios enumerados sea total y no solamente parcial.
George Orwell, ya en su obra de ciencia ficción distópica "1984", concebía la idea de un "Gran Hermano" o Estado que todo lo ve y todo lo sabe. Si bien las sociedades actuales han naturalizado el imperio de gobiernos con pretensiones de obtener información de sus ciudadanos, no se reconoce de manera abierta tales ambiciones, sino que se intenta justificar la resignación colectiva de libertad y privacidad con ideas vagas como la de "combate del terrorismo" o "lucha contra la inseguridad". Lo novedoso de la resolución que comentamos es que se esgrime como causa de restricción a la "obligación de comunicación pública", y que los conejillos de India son en su gran mayoría los jubilados, quienes merecen una especial tranquilidad espiritual por haber cumplido con creces su labor en la sociedad.
Creemos que la resolución, al incumplir con un principio liminar de protección de datos, entra en flagrante contradicción con disposiciones constitucionales esenciales, como ser las que establecen la jerarquía de las normas, la razonabilidad de la reglamentación y fundamentalmente el derecho a la intimidad y la garantía de hábeas data. Veremos si en este caso, al igual que como ocurrió con el aumento desmedido de las tarifas del gas, el Gobierno da marcha atrás con esta suerte de "Gran Abuelo".

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