"La ecuación es sencilla. El quiosquero gana un peso por cada paquete de cigarrillos legal que vende y entre $7 y $8 por cada paquete trucho o de contrabando", espetó, tajante, Esteban Amat Lacroix, presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, ante la consulta periodística sobre la situación del sector.
Y aclaró: "Eso quiere decir que a nadie le interesa vender cigarrillos legales, que paguen todos los impuestos. Por eso está floreciendo de manera impresionante la actividad de las fábricas ilegales radicadas casi todas en el cinturón industrial del conurbano bonaerense y la de los contrabandistas".
"Y si consideramos lo que las fábricas legales ganaban antes del impuestazo, que era el valor de 30 de cada cien cigarrillos vendidos y ahora solo ganan el valor de 20, no hay más nada que explicar", concluyó Amat.
Es que la alarma se encendió hace un mes atrás en todos los estamentos de la cadena productiva del rubro tabacalero ante el anuncio del Gobierno nacional de establecer un fuerte aumento en los impuestos que paga cada cigarrillo vendido, que pasó del 60 al 75%.
Ese impuestazo al tabaco hizo bajar las ventas de cigarrillos legales casi un 50% en 20 días, a contrapelo con el objetivo inicial, que era contar con más dinero disponible en las arcas del Estado, lo que a la vez incrementaría el Fondo Especial del Tabaco, dinero que va a parar directamente al bolsillo de los productores norteños.
Todo esto se vio totalmente desvirtuado.
"Lo que pasó es que floreció la actividad ilegal ante la falta de adecuados controles, por parte de la AFIP por un lado y por parte de Gendarmería por otro", dijo el también diputado provincial Esteban Amat.
Y repitió que "no es inapropiado pretender que el Gobierno nacional controle las fábricas ilegales, aunque sí reconocemos que un poco más difícil sería parar totalmente el contrabando por las inmensas fronteras que tenemos con otros países".
Una seria advertencia
El dirigente tabacalero advirtió más adelante en la entrevista que no solo se trata de una cuestión impositiva o de recaudación tributaria.
"Lo más grave tal vez sea que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que están fumando los cientos de miles de argentinos que por una cuestión de economía compran paquetes de cigarrillos truchos".
"Porque si bien es cierto que las hebras van desde el norte hacia esas fábricas ilegales, el cigarrillo tiene una serie de otros componentes que nadie controla si las fábricas funcionan al margen de la ley", explicó el dirigente.
Por eso, las partes interesadas mantuvieron una reunión en Buenos Aires, a la que asistieron el propio Amat, el también diputado provincial por Rosario de Lerma, Mario Vilca, el intendente de esa ciudad Ignacio Jarsún, otros dirigentes políticos y el director de Asuntos Corporativos de Massalín, Guillermo Oliva.
Vilca afirmó al salir de la reunión que el Gobierno nacional "tomó la decisión unilateral al incrementar el impuesto a los cigarrillos de un 60% a un 75%, y ahora deberá responder por las consecuencias".
"El comercio ilegal avanza por falta de controles a nivel municipal, provincial y nacional y reactivado por la suba de precios. La carga impositiva hace que la industria del tabaco no pueda competir con los clandestinos, lo que resulta altamente negativo para la producción regional".
"Ahora figuramos entre los diez países del mundo con la mayor carga fiscal al producto, lo cual tiene desastrosas consecuencias", agregó el legislador.
"Y lo cierto es que las estadísticas hablan de una merma de casi el 50% en la venta de paquetes de cigarrillos, pero nadie dice que la gente dejó de fumar. Se sabe que ahora fuman productos más baratos, aunque sean ilegales o de contrabando", concluyó Vilca.
La alarma en Rosario de Lerma se desató hace unos días cuando comenzó a correr el rumor del posible cierre de la planta de acopio que Massalín posee en esa ciudad, lo que dejaría 600 personas sin trabajo.

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