A nadie le gusta que le aumenten los impuestos, pero, al parecer, esta es la única manera que encontraron en el municipio capitalino para avanzar con las obras que los vecinos vienen reclamando desde hace mucho tiempo.

Las subas en la tasa general de inmuebles y en el impuesto inmobiliario llegaron en algunos casos al 1000% y pese al esfuerzo de los funcionarios municipales para demostrar que es acorde al valor y ubicación de las propiedades, la mayor parte de los vecinos no encuentra relación entre el incremento y los beneficios a futuro.

El malestar de la gente es evidente a pesar de que en la comuna aseguran que la mayoría de los contribuyentes ya pagó las tasas actualizadas.

El intendente Isa sabe que hay un costo político tras la aplicación de una medida impopular como el impuestazo, pero está dispuesto a aceptarlo. Lo que desconoce es la magnitud y el efecto sobre su imagen en un año netamente electoral.

Es por eso que muchos no comprenden “porque aumentaron tanto los impuestos”, cuando se podrían haber tomado parámetros más acordes con la realidad inflacionaria y la suba de los salarios.

En el entorno ejecutivo de Isa admiten que la suba es fuerte, pero también sostienen que un factor sustancial para mostrar mayor independencia económica de la provincia y “autosustentable” para las aspiraciones políticas del intendente.

Pero pese a este razonamiento, es inocultable que el problema supera los límites del éjido urbano capitalino. Salta capital no es el único municipio afectado. También en Cafayate debieron aplicar una importante suba de tasas.

Y los problemas financieros se repiten en otras comunas. En Colonia Santa Rosa los trabajadores vienen reclamando directamente una intervención del Ejecutivo provincial. Esto no ha sucedido hasta el momento por la afinidad entre el gobierno y el intendente Dardo Quiroga.

En Mosconi también hay problemas financieros, pero a diferencia de lo que ocurrió en Colonia, la intendencia de “Julín” Alabarracín ha quedado virtualmente intervenida bajo la forma de “asistencia técnica” a cargo del siempre polémico Marcelo Cil, hoy secretario de Asuntos Municipales de la provincia.

En Aguaray ocurre otro tanto. Allí la gente reclama trabajo y la presión recae permanentemente en la municipalidad.

Salvador Mazza es también un lugar de recurrentes conflictos, aunque allí la tolerancia tiene límites inexplicables.

El panorama no es para nada alentador, ya que es de esperar que el aumento impositivo prolifere en todos los municipios y llegue incluso a las tasas provinciales.

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Sección Editorial

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