El anuncio del 32,2% de pobreza en la Argentina realizado ayer por el Indec no sorprendió a nadie. La idea de que en la Argentina hay menos pobres que en Alemania, sostenida por la narrativa de Cristina Kirchner y Aníbal Fernández, no engañaba a nadie. Tampoco deben engañarse hoy quienes han de tomar decisiones. La inflación destruye las economías, pero no sirve como medidor único de la pobreza. Las estadísticas históricas revelan en el país una grieta social que se va ensanchando en las últimas cuatro décadas, de la mano con el retroceso de la inversión, del PBI per cápita y del empleo decente.
La Canasta Básica Total y la Alimentaria indican un piso por el cual la inflación hace fluctuar a las familias entre la subsistencia y la pobreza.
El Indec no brindó ayer el detalle por provincia, pero en las ciudades y el campo de Salta hay una pobreza estructural agobiante.
Enfocado con criterio multidimensional, el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la UNSa toma 10 variables o dimensiones: nutrición; salud; educación; información; saneamiento (agua y baño); vivienda; ambiente (zona inundable, basural); protección contra la violencia; contra el trabajo infantil; el juego y la interacción social.
Las cuatro dimensiones principales que explican el 63% de la pobreza multidimensional son: la violencia familiar, la falta de interacción, la falta de acceso a la información y la salud.
Aplicando esos criterios, Salta tiene al 28,6 % de su población infantil con necesidades elementales insatisfechas.
Esa situación coloca en desventaja a los hijos de los hogares pobres, quienes no tienen acceso a la formación que les permita insertarse en el mundo laboral. Con padres sin trabajo digno y niños sin educación de calidad, la pobreza estructural tiende a reproducirse.

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