El juez federal Sebastián Casanello amplió anoche el procesamiento del empresario Lázaro Baez en la causa por la que ya está detenido y en prisión preventiva por maniobras de lavado de dinero. También procesó a su hijo, Martín Báez, y amplió los embargos hasta 800 millones de pesos. Además, procesó al abogado Jorge Chueco, quien continuará en la cárcel.
En tanto, el juez requirió a Suiza la extradición de Néstor Ramos, accionista y representante legal de la empresa Helvetic Service Group.
En este tramo del caso se investiga el ingreso al país de US$33 millones vía bonos a través de Helvetic.
El nuevo procesamiento es por su participación en el presunto lavado de $208 millones que ingresaron a Austral Construcción a través de 9 cheques de la financiera suiza Helvetic Service Group, la compradora de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.
Helvetic fue, según afirmó públicamente el fiscal Guillermo Marijuán, "la pantalla sostén" de numerosas actividades" vinculadas con este caso y el canal por el que se "movilizaron millonarias sumas de dinero".
Se investiga en esta maniobra la "autocompra o autoventa de títulos de deuda pública por parte de la financiera Helvetic Service Group", que fueron "insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones SA en el Banco de la Nación Argentina, a través de nueve cheques por un total de $208.840.876, endosados por Jorge Chueco".

Helvetic Services Group

Al ser indagado, Lázaro Báez negó ser el dueño de Helvetic Services Group, aunque admitió que Austral Construcciones SA recibió un préstamo de casi $209 millones de esa firma suiza para "participar en la construcción de las represas de Santa Cruz".
La maniobra, según el fallo de Casanello, era una triangulación para "transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina a Helvetic Services Group SA" mediante la adquisición de bonos públicos que se transferían en dólares a Suiza y regresarían "al país para reingresar al patrimonio de Austral".
Por su parte, Chueco era abogado de Lázaro Báez y apoderado de Helvetic Service Group SA.
El arrepentido Leonardo Fariña lo mencionó y lo describió como una persona que tuvo un "rol importante" en el armado legal de la operatoria que investiga el juez Casanello en la causa.
El 18 de abril pasado, Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot. Los acusó a todos por el lavado de al menos 5.100.000 dólares.
En el primer procesamiento de Báez, el juez lo había embargado en 100 millones de pesos, congeló sus cuentas y mandó a tasar sus propiedades: 42 inmuebles que fueron identificados en aquel momento por la Justicia.
De esta manera, el juez federal le aumentó más páginas a esta novela que, desde anoche comenzó, a jugar un nuevo rol protagónico sobre el papel del primer actor.

Compra de deuda pública

Lo que investigan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán es el origen de los 33 millones de dólares, dada la sospecha de que podría ser dinero sacado del país a través de la compra de deuda pública. En sus distintas presentaciones ante Casanello, Báez dijo que se trató de un acuerdo "mutuo", un tipo de préstamo destinado a afrontar "la licitación para la construcción de las represas" santacruceñas Cepernic y Kirchner. Los procesamientos fueron dictados en el marco de la causa en la que Báez y su hijo ya habían sido procesados a partir de la aparición y difusión del video en el que un grupo de personas contaba miles de dólares en las oficinas de la financiera "La Rosadita".

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