El juez Julián Ercolini llamó a indagatoria ayer a Cristina Kirchner para el 20 de octubre, en la causa que investiga la matriz de corrupción en la obra pública que se adjudicó a Lázaro Báez, preso hace cinco meses.
Después de requerir una serie de pruebas a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que respondieron con un dictamen de 69 páginas donde sostenían que no debía retrasarse más el llamado a indagatoria, el magistrado finalmente procedió a citar a la expresidenta que regresará del sur esta semana.
La causa que investiga la corrupción en la obra pública sostiene que hubo un "plan sistemático" implementado para "favorecer a Lázaro Báez" que manejó $21.600 millones en contratos viales durante el kirchnerismo.
El 50% de estos contratos no se terminaron; sin embargo, el Grupo Austral cobró los certificados con incrementos de precios que promedian el 65%.
Ercolini solicitó a los fiscales, después del primer pedido para que Cristina Kirchner sea llamada a indagatoria, una serie de pruebas y documentación antes de tomar una decisión al respecto. El lunes pasado Pollicita y Mahiques remitieron más información de la ya proporcionada, incluyendo varios expedientes, CD con información de Vialidad Nacional, decretos de necesidad y urgencia y nuevos testimonios a las pruebas ya aportadas.
Después de analizar esta información que según los fiscales revelan "la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial", el magistrado decidió llamar a indagatoria a la expresidenta Kirchner.
En el dictamen, los fiscales sostuvieron que Báez es un "amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner", y que a su vez era "el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz". A su vez, sostuvieron: "Paralelamente (Báez) le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros".

Piden juicio contra Aníbal

El fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación a juicio oral en el caso Qunita de 18 personas, entre los que se encuentran empresarios y exfuncionarios como el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, el exministro de Salud Daniel Gollán, y el exviceministro del área Nicolás Kreplak.
Taiano realizó la presentación ante el juzgado del juez federal Claudio Bonadio, y argumentó la elevación a juicio oral por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" a raíz de las irregularidades en la compra de los kits maternales a mujeres que percibían la asignación universal por embarazo (AUE), anunciado durante la gestión de Cristina.
Por esta causa, Bonadio ya había ordenado el procesamiento de Fernández y Gollán, y otros funcionarios. La fiscalía calcula que el gobierno de Fernández habría pagado unos 3.000 pesos de "precio excesivo en detrimento de la administración" en cada uno de los 150 mil kits, que habrían costado al Estado cerca de 1.100 millones.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora