Se está tratando en el Congreso un proyecto de ley que pretende -aunque sin admitirse ese propósito- utilizar la vía de la reforma de una ley (la ley orgánica del Ministerio Público), para resolver el desplazamiento de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Ya hemos dicho en anterior colaboración, que existen causales más que suficientes para someter a dicha magistrada a su enjuiciamiento y remoción ("La ilegitimidad de Justicia Legítima").
Creemos que no existen dudas en la mayoría del espectro político acerca de que el mal desempeño de la Dra. Gils Carbó puede demostrarse sin dificultad, esencialmente por su defección a la misión que le impone el art. 120 de la Constitución Nacional, como garante de la legalidad, cuya defensa constituye la médula del deber que se le asigna por la ley suprema al Ministerio Público Fiscal.
Pero también por los numerosos actos de incuestionable ilegitimidad que adoptó desde su nombramiento, todos ellos destinados a favorecer los intereses del Poder Ejecutivo, como el traslado de fiscales fieles a sus designios, que formaron una legión de reclutas que conformaron esa especie de secta política, absurdamente llamada Justicia Legítima, que aún hoy permanece enquistada en la estructura del Poder Judicial, y la persecución de otros que no se desviaban en el ejercicio de su responsabilidad y de la autonomía que les concede ese mandato constitucional, como el caso del Dr. José María Campagnoli.

Órgano extrapoder

Pero lo que hoy resulta paradójico o peor aún reprobable, es que a través de esa ley que quiere dictarse, se cometa otro atropello a la institucionalidad, ahora desde otro poder que ya no es el ejecutivo sino el legislativo, de suma gravedad, con funestas consecuencias para el ejercicio de la función de ese órgano, concebido por la Constitución como órgano extrapoder, garante de la legalidad y de los derechos individuales, para cuyo afianzamiento quiere la ley suprema asegurar su autonomía y las inmunidades de sus miembros.
En efecto, los términos de la ley en proyecto, arrasan en algunos de sus contenidos, con la autonomía del Ministerio Público, por parte de un órgano interno del poder legislativo, una comisión bicameral, que se constituye en fisgón y autoridad a la que se le atribuyen facultades que se traducen en una injerencia descarada e ilegítima en la estructura de ese órgano, al que se lo concibió como independiente del entrometimiento de los tres poderes del estado, precisamente como garante de la legalidad y control permanente de la acción de ellos, para advertir y prevenir todo desliz hacia el abuso del poder y la intromisión en incumbencias que no son propias.
La autonomía derivada del mandato constitucional, aniquilada a través de una resolución legislativa, que nacerá con el vicio de la inconstitucionalidad.
Y por más entidad que revista una ley del Congreso, no ha de creerse en su carácter invulnerable, como lo consideraba insolentemente el régimen kirchnerista, que negaba hasta la facultad de invalidarla como contraria a la Constitución por parte de los jueces. Pero lo más grotesco es que se la conciba como medio para un oculto y circunstancial propósito, cuyo recto camino se soslaya por cobardía o menguados intereses políticos, sin mensurar las consecuencias dañosas que habrá de acarrear para el futuro, incluso con relación a la limitación del término del mandato del Procurador General, que habrá de facilitar en el futuro la manipulación interesada de su nombramiento, según los intereses de los ulteriores mandatarios del ejecutivo.
La garantía de contar con un Procurador General que ejerza su función con independencia, responsabilidad y con calificación profesional, no reside en la desconfianza de su permanencia, sino en la confianza que debe generar una elección madurada en el compromiso, la sensatez y la responsabilidad de quienes deban concretar la elección, al margen de motivaciones políticas. El Ministerio Público Fiscal, libre de la influencia de cada uno de los poderes del Estado por mandato constitucional, que ha estado al servicio del Poder Ejecutivo por la ilegítima acción de la Procuradora General, ahora se lo quiere someter al control del poder legislativo, mientras el art. 120 de la Constitución sigue siendo letra muerta.
La eventual aprobación de ese proyecto de ley, significará no sólo un retroceso en el curso que parece haber trazado el Gobierno, en la restauración de la calidad institucional, sino que constituirá una señal de desconsuelo para el ciudadano, que en la generalidad del pueblo argentino está aspirando a que se oxigenen los despachos de la justicia y que tiene la convicción que debe someterse la actuación de la Procuradora General, a la indagación de su actuación durante el gobierno anterior, que se convirtió en amparo o al menos en distraído guardián de la corrupción imperante en el seno del mismo.
Las dos vías simultáneas adoptadas ahora por el gobierno nacional, por un lado la ley de reformas y por otro el juicio político a la Procuradora General, temeroso de no contar con las mayorías necesarias para llevar adelante el juicio político, lo exponen ante la opinión del ciudadano como abjurando de su prometida y hasta ahora satisfecha determinación de restaurar la institucionalidad en la Nación.
Y esa vacilación en encarar de una vez el encauzamiento del país en el carril de la legalidad por parte del Gobierno, ante esta situación en que se juega la institucionalidad, se manifiesta en el peronismo como una mezquina utilización de su número parlamentario, para sacar partido en la apropiación de una cuota de poder.
De modo que la politización de la justicia, encarnada en su máxima expresión por la ignominiosa actitud de la Dra. Gils Carbó, al dinamitar con su conducta facciosa la función de resguardar la legalidad, como garantía de los derechos individuales y la vigencia del estado de derecho, suprema misión del Ministerio Público Fiscal, asume hoy en su resolución, la trascendencia de los actos de gobierno en los que deben primar la honradez y la nobleza que los actores políticos debieran ostentar en cada uno de sus actos, pero que deben honrar al máximo cuando los más altos intereses de la Nación están en riesgo sin la ruindad con la que se desmorona una república y se desploma la credibilidad del ciudadano.
El juicio político a la Procuradora General asume hoy la gravedad de las cuestiones de estado, que exigen por un lado al Gobierno nacional hacer honor y dar cariz de realidad al nombre de su signo político: Cambiemos.
Y la obligación honorable del peronismo es la de asumir el compromiso de asegurar la gobernabilidad, sin avaros intereses partidarios, cumpliendo en los hechos la intención de constituirse en una agrupación política encauzada en los principios republicanos y democráticos, proclamada últimamente por sus líderes partidarios.
A los legisladores, oficialistas y peronistas, les corresponde la conducta moral de asumir la honorabilidad con la que deben desempeñar su sagrada función de resguardar y defender los derechos de sus representados, y garantizar la vigencia del estado de derecho, dejando de lado sus ambiciones y mezquindades, por las que suelen entregar su dignidad y empeñar la libertad y el bienestar del pueblo. Ese pueblo que expresó con su voto el anhelo de renovar su esperanza de vivir en paz, en unión fraterna, con justicia y el bienestar general que proclama la Constitución.
Hoy es el día en que los ciudadanos les exigen el cambio que votaron.
El juicio político a la Procuradora General de la Nación es el cumplimiento de ese mandato.

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Sección Editorial

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