En la soleada tarde de invierno de un martes 9 de julio, hace 200 años, en la casa de los descendientes de doña Francisca Bazán de Laguna, ubicada en la calle del Rey (ahora "del Congreso"), en San Miguel de Tucumán, una pequeña ciudad donde cuatro mil personas vivían en 80 manzanas; 29 diputados representantes de las Provincias Unidas de América del Sur, 17 de los cuales eran abogados, 9 sacerdotes y 2 frailes que integraban el Congreso, puestos de pie e "invocando al Eterno que preside al universo", y "protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia, que regla nuestros votos", declararon solemnemente: "es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una Nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli". Las razones que influyeron para declarar la Independencia fueron las siguientes: el rey Borbón, Fernando VII, había regresado al trono de España, después de permanecer prisionero desde 1808 de Napoleón en Valençay, en el centro de Francia, hasta que por el tratado del 11 de diciembre de 1813, Napoleón lo reconoció como Rey, recuperando así su trono y todos los territorios y propiedades de la corona y sus súbditos, tanto en la península como en el extranjero; Napoleón Bonaparte había sido derrotado en Waterloo (Bélgica) el 18 de junio de 1815; los reclamos que José de San Martín, gobernador de Cuyo y organizador del Ejército de los Andes para iniciar la campaña libertadora a Chile, le hacía por cartas al joven diputado mendocino Tomás Godoy Cruz, de apenas 25 años, y bachiller en leyes de la Universidad San Felipe de Chile; la amenaza de la invasión portuguesa-brasileña, que se concretará en el mes de agosto de ese año sobre la Banda Oriental, con la resistencia de José Gervasio Artigas; y los consejos de Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, que tenían a su cargo la difícil defensa en el norte del antiguo virreinato que llegaban hasta el Alto Perú. La situación era crítica ya que la reacción realista triunfaba desde México hasta Chile, pasando por el Alto Perú (nuestros ejércitos habían sufrido derrotas en Huaqui en 1811, Vilcapugio y Ayohuma en 1813 y Sipe Sipe en 1815). Sólo permanecían libres del dominio español las Provincias Unidas, la Liga Federal liderada por Artigas y que abarcaba la Banda Oriental, que se declarará independiente en 1828, y las provincias del litoral, y el Paraguay, gobernado por el Dictador Supremo José Gaspar Rodríguez de Francia, que se llevaba mal con Buenos Aires, y se declarará independiente en 1842. Bolivia, que antes fue el Alto Perú, lo hizo en 1825. Con la declaración de Tucumán nace una nueva Nación independiente, que rompía definitivamente los lazos que la unían al monarca español y a toda otra dominación, pero que todavía carecía de nombre (la Primera Junta utilizó en algunos documentos la expresión "Provincias del Río de la Plata", pero en las actas del Congreso de Tucumán se las denomina "Provincias Unidas en Sud América"), su población y extensión territorial era indefinida, y su organización política e institucional se discutirá durante largos 37 años, a partir de ese mismo Congreso, mientras siguió sesionando en Tucumán, y cuando, al año siguiente, se trasladó a Buenos Aires, sin haberlo logrado definir, a pesar de que el 22 de abril 1819 dictó una "Constitución de las Provincias Unidas de Sud América", aristocrática, por cómo se componía el Senado, y unitaria; que nunca rigió por haber sido rechazada por los pueblos.

Principios y valores

El 1º de mayo del año 1853, en el Congreso reunido en Santa Fe de la Veracruz, concluirá este largo proceso fundacional con la sanción y jura de la "Constitución de la Confederación Argentina", que al reformarse en 1860 para que se incorpore Buenos Aires, cambiará esta expresión por el "de la Nación Argentina", y se le agregará el artículo 35 que dispone que: "Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata (omite de 'Sud América', como se las llamó en el Congreso de Tucumán); República Argentina, Confederación Argentina serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras 'Nación Argentina' en la formación y sanción de las leyes". Esta Constitución, que nos honra todavía con su vigencia, es después de la norteamericana, la más antigua de América. 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816 y 1º de mayo de 1853 son tres fechas en las que se va concretando la fundación y organización de nuestra República y del Estado Federal, bajo la vigencia de una Constitución que garantiza nuestros derechos y los de "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino"; y que nos incorporó al concierto de las naciones libres, siguiendo las nuevas ideas que en el mundo se difundieron desde fines del siglo XVIII y que aclamaron las revoluciones norteamericana de 1776, la francesa de 1789 y por las que bregaron las Cortes españolas cuando se oponían a José Napoleón, y que declararon en la Constitución de Cádiz en 1812.
En el resto de los artículos se completa el reconocimiento de derechos que resaltan la dignidad de la persona humana.
Los norteamericanos, al declararse independientes el 4 de julio de 1776, afirmaron: "que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad".
En la Revolución Francesa, inmortalizada con el lema: "Libertad, Igualdad y Fraternidad", aprobó el 26 de agosto de 1789 la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", en la que "Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano: Artículo primero. - Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. (à)" y que proclama en su "Artículo dieciséis. - Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución".
Las Cortes españolas, que desde 1810 luchaban contra la invasión francesa y el reinado de José I Napoleón, dictaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por eso mejor conocida como la Pepa, y que proclamaba la soberanía de la Nación, limitaba el poder de la monarquía, abolía el feudalismo, declaraba la igualdad entre peninsulares y americanos, la libertad de imprenta, la libertad de industria, el derecho de propiedad, abolía los señoríos y finalizó con la Inquisición. Con el regreso de Fernando VII sería derogada en Valencia el 4 de mayo de 1814.
Estos principios y derechos son los mismos que los constituyentes de 1853 volcaron en nuestra Carta Fundamental, en el preámbulo y en el título "Declaraciones, derechos y garantías", y al establecer una forma de gobierno republicana, con división y equilibrio de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y federal, y descentralizada, de Estado, siguiendo el modelo de la Constitución norteamericana de 1787, que luego se completó con la declaración de derechos, que se hicieron en las 10 primeras enmiendas, aprobadas en 1791.

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