Hace pocos días, el delegado del intendente Miguel Isa en la Cooperadora Asistencial, Eduardo Cattáneo, usando dicterios propios del autoritarismo más salvaje, manifestó que iba impedir la asunción del intendente electo Gustavo Sáenz. Afirmó que apenas él lo dispusiera, haría que dos mil personas tomaran la Municipalidad de Salta e impediría que Sáenz asumiera. El escándalo en pocas horas concitó el interés nacional. El diario Infobae dijo que el conflicto "es lo que surge de un audio difundido en las últimas horas, en las que el presidente de la Cooperadora Asistencial Salteña, asegura que su gente no se va y Gustavo Sáenz no asume". Agregaba ese medio, que Cattáneo viene intentando designar en planta permanente a personal político jerárquico en todos los lugares de la administración, a pesar de haber perdido la elección. El diario La Nación, con el título "El conflicto por el festival de nombramientos se extendió a Salta" recordó que primero fue el conurbano bonaerense, con conflictos iniciados por los jefes comunales salientes en Merlo, Quilmes, Malvinas Argentinas y La Plata. Después fue Concepción de Tucumán, donde el intendente entrante, Roberto Sánchez, "se tuvo que atrincherar en su despacho, amenazado por haber cesanteado a unas 400 personas designadas por su antecesor poco antes de dejar el cargo. Ahora el conflicto por el festival de nombramientos antes del traspaso de mando se extendió a la provincia de Salta". concluía el matutino porteño.
Frente a estos hechos, curiosamente, el intendente Isa no le exigió la renuncia ni salió en defensa de las instituciones. Tuvo que intervenir el gobernador Urtubey, quien obligado por las circunstancias, debió asegurar públicamente que "nada va a impedir que Gustavo Sáenz asuma".
Isa, que conforme la ley 5.335 de Cooperadoras Asistenciales es el presidente nato, solo dijo que Cattáneo "tiene que pedir disculpas, son dichos desafortunados de un hombre temperamental". Este fue el tibio e insuficiente mensaje del intendente, frente a hechos que rozaban el delito de sedición. Porque alzarse públicamente para impedir la ejecución de las leyes provinciales es delito de sedición según el art. 230 y siguientes del Código Penal. Puede acarrear hasta cuatro años de prisión y además inhabilitación especial para los funcionarios promotores. Estos datos no despertaron ni la curiosidad del procurador general ni la de los fiscales penales de la provincia, que no ordenaron medida alguna. Los atentados en París del viernes y el debate presidencial del domingo sirvieron para que estos oscuros hechos pasaran a un también oscuro segundo plano.

Sospechas
Según versiones, las actitudes del delegado y la del todavía intendente Isa se deben a que existiría un cierto descontrol en las cuentas municipales y de la Cooperadora. Estas sospechas podrían ser confirmadas o rechazadas por los Informes de la Auditoría General de la Provincia, que ésta publica en internet (http://www.agpsalta.gov.ar /web/informes). Su intervención está prevista por la ley 5.335 de Cooperadoras Asistencias, que además dispone que las presidencias sean ejercidas en las cooperadoras por el intendente de cada municipio, con facultades de designar a los demás miembros que las conforman, lo que indica que en este caso Miguel Isa es el responsable político de la misma. Una modificación de su artículo N§8, hecha por ley 7.560 y promulgada por el gobernador Urtubey en el Boletín Oficial del 19 de marzo del 2009, dispuso que "Las Cooperadoras Asistenciales deberán rendir cuentas de su administración a la Auditoría General de la Provincia".
Pero del examen de los informes de auditoría de la AGP desde 2010 a 2015, no surge ninguna referencia con relación a la Cooperadora Asistencial del Municipio Capital. En el mismo período, en cambio, fueron auditadas tres veces la de Rosario de la Frontera y Vaqueros, por poner un ejemplo, o dos veces en el caso de la Cooperadora de San José de Metán. De este último Municipio la AGP indica: "El informe se refiere al análisis de los Recursos y Gastos detallados en la Rendición de Cuentas, correspondiente al período diciembre 2012 Expte. 242-
3864/2013", y que esas actuaciones indican un faltante de $20.000, lo que está publicado en el sitio web de la AGP el 18 de noviembre del año pasado.
En sintonía con la falta de control de la Cooperadora Asistencial de Capital, la AGP tampoco ejerció su control sobre la Municipalidad de Salta: desde 2008 hasta 2015 no fue auditada en ninguna oportunidad, mientras que durante el mismo período la Municipalidad de San José de Metán, por ejemplo, fue auditada siete veces. La norma que obliga a la AGP a auditar municipios es la Constitución provincial, la que le otorga facultades para ejercer el control externo posterior y auditoría de gestión "de la Hacienda Pública Provincial y Municipal". Sin hacer excepción ninguna.
Los nuevos hechos denunciados sobre negocios incompatibles con la función pública en la Cooperadora agravan el tema. El gobernador Urtubey podría eventualmente aparecer en las primeras planas nacionales, no por su actuación política, sino por empezar su tercer mandato con una mancha que lo muestra como un cristinista de manual.

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Sección Editorial

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ALBERT LUIS
ALBERT LUIS · Hace 12 meses

UNA DE LAS INSIGNIA DE LA CORRUPCION E IMPUNIDAD DE NUESTRA SALTA.............QUE ESPERA EL DELINCUENTE DE ISA....PARA PEDIR LA RENUNCIA......O DESTAPARA LA OLLA.........POR ESO EL GRAN SILENCIO Y LO SIGUEN BANCANDO......POR AHORA SON GOB...

Perez Jose Alberto
Perez Jose Alberto · Hace 12 meses

Y después uno lo ve a este hdmp del Cr. Salvatierra mostrarse publicamente y recibir trato de personalidad destacada, cuando es evidente su total responsabilidad en la renuencia a auditar el municipio capitalino ¡¡¡ acá en Salta si hubiera hecho falta el cambio para echar a todos estos parásitos de lla Administración. Este Salvatierra viene viviendo del Estado desde hace más de 40 años.


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