Nuestra nación afronta una semana crucial. Nadie puede asegurar hoy quién será el próximo presidente de los argentinos, pero el elegido deberá abordar problemas de dimensión histórica y que comprometen la vida futura del país.
Estamos ante un cambio de ciclo, menos traumático que los anteriores, pero que requiere poner en marcha un proyecto de desarrollo que consolide la soberanía nacional, la seguridad jurídica y política hoy ausente, y modernice el sistema productivo, la educación y la seguridad interna.
A pesar de los logros alcanzados a partir de 2003, el país continúa en "emergencia", no solo por la renovación sistemática de facultades extraordinarias sino por fragilidades institucionales históricas.
La preocupación más generalizada es la inseguridad. La precarización del empleo y la debilidad de las expectativas de amplios sectores de la sociedad se agregan a circunstancias regionales que favorecen un sensible avance del poder del narcotráfico, que se va instalando a partir de nuestras desguarnecidas fronteras y se convirtió ya en un flagelo social.
Frente a esto, no hay estrategia na cional.
El concepto de "inclusión" expresa la toma de conciencia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, de una nueva realidad social; no obstante, quienes corren riesgo de quedar fuera del sistema solo pueden ser incluidos con trabajo genuino y educación adecuada a las nuevas exigencias.
La intervención del Estado en la economía es imprescindible para garantizar derechos y orientarla hacia el desarrollo humano, pero cuando se convierte en instrumento de poder y manipulación electoral, solo alimenta el deterioro de la calidad de vida.
El Estado gastará en 2015 más de 220.000 millones de pesos en subsidios destinados a abaratar indiscriminadamente y sin tener en cuenta situaciones de excepción el consumo eléctrico y el transporte público.
Además, frente a una crisis social no admitida, el Estado distribuye más de 18 millones de beneficios sociales a través de unos 60 programas diferentes de asistencia. La cifra equivale al 42 % de la población. Solo la Anses otorga planes a 14 millones de beneficiarios, sin contar entre ellos a 6.000.000 de jubilados y pensionados y 1.500.000 titulares de pensiones no contributivas.
El 20% de los trabajadores ocupados son empleados estatales, según el Indec. Estudios privados indican que el Estado generó casi el 80% de los puestos de trabajo creados en los últimos tres años.
Ninguna emergencia puede ser eterna, porque en ese contexto un país no tiene futuro. Para afrontarla, es necesario asumir las inmensas posibilidades desaprovechadas de nuestra Nación que, hoy por hoy, parece encerrada en un callejón de subdesarrollo, a pesar de que la salida está mucho más cerca de lo que parece.
El primer objetivo debe ser la recuperación de la confianza interna y externa en el Estado. El cepo cambiario, la inflación, el déficit fiscal y la manipulación de estadísticas destruyen la seriedad del país.
Se estima que en el exterior hay bienes de argentinos por 400.000 millones de dólares. A esto debe agregarse el dinero guardado en cajas de seguridad o en los domicilios particulares, dentro del país.
Es imprescindible garantizar a los otros países que la Argentina está dispuesta a honrar sus compromisos. Es la única posibilidad de que la inversión extranjera comience a volcarse en el territorio nacional, cosa que hoy no ocurre porque el intervencionismo estatal impone condiciones ingenuamente autoritarias. Sin seguridad jurídica no hay inversión; sin inversión no hay desarrollo; sin desarrollo no hay generación de empleo ni calidad de vida.
La Argentina necesita definir la política exterior desde su posición de país con bajo índice de desarrollo y con fuerte potencial alimentario, que es estratégico, y priorizar sus intereses nacionales por sobre las ideologías, que son veleidosas y no garantizan alianzas internacionales es tables.
Es hora de definir y poner en práctica una estrategia que incluya objetivos a cincuenta años vista. Para esto, la primera condición es asumir que el Estado y los derechos de los ciudadanos deben estar por encima de los intereses de cada gobierno y de cada presidente. Este, por cierto, parece el obstáculo más difícil de salvar.

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Sección Editorial

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