La transición presidencial entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se presenta injustificablemente traumática. Más allá de los pretextos ideológicos con que se pretende recubrirlas, las descortesías de la actual mandataria suponen una apetencia desmedida de permanencia y el poder y el desconocimiento de la voluntad soberana del pueblo.
Quien asume el jueves es Mauricio Macri y la idea de convertir a la ceremonia en una despedida a Cristina Fernández es un despropósito que anticipa una pésima convivencia futura.
A partir de las cero horas del jueves 10, el presidente será Macri y en sus manos quedará el poder y la responsabilidad en cada decisión.
Si el actual oficialismo intenta perturbar la ceremonia, protagonizará un agravio a la sociedad y al orden jurídico que hace posible cualquier tipo de convivencia.
El gobierno saliente y el Partido Justicialista en particular deben asumir que la derrota electoral no es un accidente, sino la consecuencia de muchos errores e insatisfacciones, entre los que se destaca una recesión de la economía que ya lleva cuatro años y que su gestión no logró resolver. La tarea queda ahora en manos de otro partido, integrado por ciudadanos tan argentinos como los que gobiernan hasta el jueves. El deber patriótico de quien ha sido derrotado es colaborar y no poner piedras en el camino.
Hay conductas del Gobierno que no contribuyen a una solución de los problemas que afectan no a los funcionarios del nuevo gobierno, sino a los argentinos en su conjunto. La emisión monetaria acelerada en los últimos meses solo ha contribuido a incrementar la inflación. La sanción de leyes a libro cerrado, cuyo contenido los legisladores desconocen, es escandalosa.
El decreto de necesidad y urgencia que ordena pagar a las provincias la coparticipación del impuesto a las ganancias retenida desde que se volvieron a estatizar las jubilaciones es, simplemente, ilegal. Ninguna medida impositiva se puede establecer por decreto.
El contenido es justo. El monto en cuestión había sido cedido por las provincias en 1993, para financiar a la Anses que, con la privatización jubilatoria dejaba de percibir los aportes de empleados y empleadores. La presidenta debió haber incluido la reposición de esos montos en noviembre de 2008, cuando las jubilaciones se reestatizaron.
El presidente Macri deberá acordar lo antes posible con los gobernadores en ejercicio el pago de ese dinero a partir de ahora y la devolución a las provincias de la deuda acumulada por el gobierno saliente con esa retención indebida.
El cambio compulsivo supondría el desfinanciamiento del organismo previsional, que hoy no solo paga jubilaciones y pensiones, sino que tiene a su cargo subsidios que perciben otros 12 millones de personas.
El reemplazo de esos recursos ilegítimamente retenidos a las provincias debe hacerlo el nuevo gobierno, pero sin dar ningún salto al vacío.
Cada paso de la nueva gestión deberá ser cauteloso y medido. Nadie debe esperar que el año 2016 resulte plácido y fácil. Salir de la recesión exigirá un esfuerzo colectivo y no se resolverá nada con medidas de escritorio o con imprudencias.
Una devaluación compulsiva del peso podría tener consecuencias nefastas, especialmente para las empresas pequeñas y medianas cuyos insumos cotizan en dólar. La eliminación drástica de subsidios podría convertirse en un tarifazo imposible de absorber para muchas familias y para la actividad económica.
El presidente electo ha repetido constantemente que su gestión estará regida por el diálogo, la cooperación y la eficiencia. Prometió también cambiar la realidad del país "no de un día para otro sino de a poco, día por día".
Son momentos difíciles. El Frente para la Victoria y el Partido Justicialista deben asumir el rol de opositores y aceptar que el discurso ideológico no basta para que el país crezca y que sus habitantes estén mejor.
Los integrantes de Cambiemos, es decir, el nuevo oficialismo, tienen ahora la responsabilidad de materializar su proyecto, privilegiando el bienestar de todos los argentinos, pensando en la Nación y no en intereses sectoriales, y apegándose a la ley, que es allí donde encontramos el déficit más grave y profundo de nuestra cultura política.

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