El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta tomó intervención en el caso del juez de la sala VII del Tribunal de Juicio de Salta, Federico Diez, quien fue denunciado por lesiones y amenazas con arma contra su expareja. Desde la institución manifestaron preocupación por el hecho de que el imputado sea un funcionario judicial en ejercicio.
Diez fue formalmente acusado por su expareja en los primeros días de julio y el caso se conoció públicamente el martes, cuando organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres salieron a manifestar que la investigación estaba demorada por influencia del magistrado.
"El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Rosana Alderete informa que, en oportunidad de tomar conocimiento del tema por una letrada del Instituto Jurídico de Género, se dirigió a la Corte de Justicia para manifestar su preocupación por el carácter de funcionario público del imputado que, en tanto juez en función de sus competencias, interviene cotidianamente en juicios sobre amenazas, lesiones y otros delitos, muchos de los cuales son sufridos por mujeres a raíz de la violencia machista", difundió la institución, creada por ley el año pasado para monitorear casos de violencia y asesorar sobre políticas públicas.
Frente al caso de Federico Diez, el Observatorio recordó que exhorta "a establecer como requisito para acceder y permanecer en cargos públicos el no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades".
La Corte de Justicia de Salta inició un sumario administrativo para determinar si corresponde aplicar sanciones al juez, e incorporó como documento el texto presentado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.

La respuesta

Entrevistado por El Tribuno, Federico Diez desmintió que hubiera privilegios, obstáculos o demoras en la causa y aseguró que se sometió a todos los pasos formales que demanda el proceso judicial.
"La fiscal actuó como corresponde. Me citó a la audiencia de imputación. He prestado mi declaración. También se ordenó un allanamiento y cosas que responden a la normalidad de cualquier causa", sostuvo el magistrado.
El juez dijo que es la Justicia la que debe determinar si es inocente o culpable. "Sobre el hecho no voy a hablar porque eso sería vulnerar la intimidad de la denunciante. Yo ya presté declaración como corresponde y di mi versión de los hechos. En la causa está lo que dice la denunciante y lo que digo yo", manifestó.
El Observatorio también llamó la atención sobre las leyes que obligan a la Provincia a actuar contra todas las formas de agresión machista.
"En su solicitud a la Corte de Justicia, el Observatorio Rosana Alderete recordó la existencia de un conjunto de normas con rango constitucional que protegen a las víctimas de violencia de género, debido al carácter estructural de la desigualdad entre varones y mujeres", comunicó el organismo.
Las abogadas querellantes de la víctima denuncian demoras para acceder al expediente y otras irregularidades, como que la mujer fue citada a una mediación con el agresor pese a que no debería existir este paso cuando está en juego una denuncia por violencia.
Desde el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados, la Multisectorial de Mujeres, la Comisión de la Mujer de la UNSa y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) denunciaron el martes "obstrucciones" en la investigación.

Detalles de la causa

  • La Corte de Justicia inició un sumario administrativo para determinar posibles sanciones en el caso del juez denunciado por violencia por su expareja.

  • El magistrado está imputado por lesiones y amenazas, pero también por haber violado una orden judicial que le prohibía acercarse a la víctima.

  • El caso se está tramitando en el Juzgado de Garantías a cargo de Ada Zunino. También interviene la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez.

Marco legal vigente

El artículo 7 de la Convención de Belem do Pará expresa que es deber del Estado “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
El instrumento también demanda “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, “condenar todas las formas de violencia” y “adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir...”.
Salta está en emergencia por los altos índices de femicidios y agresiones contra las mujeres desde 2014 y por dos años más.

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