El protocolo que elaboró el Ministerio de Seguridad nacional, al que adhirió la Provincia, disparó el debate en el inicio del año legislativo.
La Cámara de Diputados rechazó el manual antipiquete y varias voces criticaron que se trata de una acción para "criminalizar la protesta social".
El PRO y la UCR no compartieron el pronunciamiento de sus pares. "Hay que garantizar el derecho a la libre circulación", coincidieron.
El bloque del PO, impulsor del rechazo, consideró que el protocolo fue diseñado para frenar la protesta social "en un marco de un severo ajuste económico".
El bloque del PJ se sumó al rechazo. Lucas Godoy subrayó que desde su origen como partido, el PJ se opone a cualquier intento de criminalización de la protesta social y dijo que en Salta el protocolo "no está vigente ni se aplica".
En el Senado, al oficialismo volvió a comisión el proyecto de rechazo que impulsaba el PO y citó al ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo, para el próximo miércoles 20. Cornejo deberá informar sobre la adhesión que firmó en el Consejo de Seguridad Interior para aplicar en Salta el cuestionado manual antipiquete.

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