El fiscal federal Jorge Di Lello se sumó a las voces que cuestionaron los procesamientos dictados el viernes por el juez Claudio Bonadio en la causa por la venta de dólar futuro, ya que señaló que "las decisiones de un Estado no pueden ser tomadas como susceptibles de delitos, porque sino, a la larga o a la corta, estaríamos en una situación de gobierno de los jueces".
El integrante del Ministerio Público Fiscal, se refirió así al procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner y otros 14 exintegrantes del anterior gobierno.
Al mismo tiempo, el fiscal federal, quien lleva una causa por el pago de los contratos de dólar futuro en la que están involucrados Bonadio y funcionarios nacionales, consideró que si el juez federal no estuviera imputado, "lo lógico" sería unificar las investigaciones.
Críticas desde el kirchnerismo
Como se esperaba, la decisión de procesar a la expresidenta desató un aluvión de críticas desde el sector mas duro de la oposición.
El diputado nacional Axel Kicillof, que también está procesado en la causa, aseguró que su procesamiento es un disparate y acusó a Bonadio de llevar adelante una "persecución política" contra el kirchnerismo y lamentó "la sospechosa referencia recurrente de lo que dijeron diputados cercanos a Cambiemos de que lo que habría que hacer es proscribir a la expresidenta Cristina Kirchner para que no pueda ocupar cargos públicos".
Por su parte, el secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, aseguró que el procesamiento de CFK configura "un ataque más de la patota judicial".
Esa afirmación fue cuestionada por el senador oficialista Federico Pinedo, uno de los denunciantes de la maniobra, junto al radical Mario Negri. "¿Cuál sería la finalidad? La cuestión es: ¿Ellos cometieron delitos o no? No se puede pretender que la Justicia no investigue. La impunidad no es una hipótesis en un Gobierno democrático" lanzó.
Sin embargo Pinedo aceptó que el procesamiento es "discutible", pero subrayó que "todo el mundo se tiene que someter a la Justicia y la Justicia tiene que actuar".

Una pena de dos a seis años de prisión

Administración infiel en perjuicio de la administración pública, el delito por el que fue procesada la expresidenta, contempla la pena de dos a seis años de prisión según está estipulado en el artículo 174 del Código Penal de la Nación.
El artículo prevé esa pena para todo aquel "que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".

También se aclara que "el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua".
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Sección Editorial

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Maria Elena  Gonzalez
Maria Elena Gonzalez · Hace 6 meses

Ah! ahora es persecucion politica? a rendir cuentas a la justicia señores!

ROSA aybar
ROSA aybar · Hace 6 meses

BUENO ENTONCES TIENEN QUE IR TODOS PRESOS DESDE LOS GOBERNADORES HASTA LOS PRESIDENTES


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