El Senado de Brasil aceita la maquinaria política que hoy puede suspender por hasta seis meses a la presidenta Dilma Rousseff para someterla a un juicio político, tras una jornada surrealista en el Congreso que no logró frenar el proceso.
Las alocadas marchas y contramarchas de aliados y enemigos de Rousseff el lunes dejaron al país una vez más con la boca abierta: en la madrugada del martes el jefe interino de Diputados dio marcha atrás en su decisión de anular la votación en la que 367 de sus colegas decidieron en abril por mayoría aprobar un juicio para destituir a la Presidenta.
Horas antes, el jefe del Senado Renán Calheiros, ya había anunciado que ignoraría la sorpresiva anulación y mantendría el plan de votación para hoy, cuando el pleno del Senado decidirá si somete o no a juicio político a la primera mujer en presidir Brasil y la suspende del cargo por 180 días.
Calheiros dijo que la votación comenzará a las 9, hora local (misma hora de la Argentina) y quiere terminarla el mismo día, aunque en teoría podría durar más de 20 horas.
La mandataria, acusada de cometer un "crimen de responsabilidad" por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales, sería notificada mañana sobre la decisión del Senado.
La exguerrillera de 68 años, que asumió el poder en 2011 y debe concluir su mandato a fines de 2018, insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras, que no cometió ningún delito y que es víctima de un "golpe parlamentario".
Sondeos y analistas coinciden en que ya hay votos suficientes para iniciar el juicio político a Rousseff, una medida que la apartaría de la presidencia por hasta seis meses, mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva.
Son necesarios 41 votos de un total de 81 senadores para que Rousseff abandone el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, y aguarde la sentencia final en la residencia oficial.
Si es suspendida, el vicepresidente Michel Temer, asumiría el poder de forma interina. Y si Rousseff es destituida, Temer finalizaría su mandato en 2018.

Pedido a la Justicia

El gobierno brasileño pidió ayer a la Corte Suprema que anule el proceso que busca destituir a la presidenta Dilma Rousseff, un día antes de que sea votado en el Senado.
La Abogacía General del Estado, que defiende a la Presidenta, presentó un recurso para resguardar sus derechos y pedir "la anulación del proceso de impeachment (...) que tramita en el Congreso", informó en un comunicado de prensa.
El gobierno argumenta que el ahora expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, suspendido la semana pasada por obstruir investigaciones en su contra en el escándalo de Petrobras, aceptó el pedido de para abrirle un juicio de destitución por una "venganza" personal.
Según el oficialismo, Cunha dio luz verde a la solicitud luego de que el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, decidiera apoyar una investigación que le inició la Cámara que presidía por faltas éticas, que contemplan sanciones que podrían costarle su mandato ahora en suspenso por una decisión de la Corte Suprema.
La decisión del Gobierno agrega un elemento al caótico presente que vive Brasil a horas de la votación del Senado.
A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil es sacudido por la batalla por el impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras, que tiene a políticos y empresarios en la mira.
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que defraudó a la estatal Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados y del partido.

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