El Senado convirtió ayer en ley la emergencia social que el Gobierno había consensuado con los movimientos sociales y que ya había tenido media sanción en la Cámara de Diputados. Representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie siguieron el debate desde afuera del Congreso y celebraron la aprobación. A raíz de la convocatoria del Gobierno a un debate multisectorial por la reforma del impuesto, la sesión comenzó a las 5.30 con temas de agenda como los pliegos propuestos para nombramientos y ascensos de funcionarios del Poder Judicial.
"Este proyecto nació en la calle con la movilización de los trabajadores el día de San Cayetano. Este proyecto de emergencia social ha tenido en Diputados un enorme apoyo de todas las fuerzas políticas", sostuvo Juan Abal Medina en el recinto. La emergencia social, que crea la figura del salario social complementario (absorbiendo bajo su figura todos los planes sociales existentes) para los trabajadores de la economía informal, recibió dictamen este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que al no cumplirse el plazo reglamentario de siete días desde la firma del despacho hasta la votación, se requerirá una mayoría de dos tercios para habilitar el tratamiento sobre tablas.
Al mediar un amplio acuerdo transversal entre las bancadas oficialistas y opositoras para que el tema se trate, esta mayoría está garantizada y también está previsto que la normativa sea aprobada cómodamente en la votación.
El proyecto fue aprobado por la Cámara Baja con 228 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, en medio de un amplio consenso entre el Gobierno, las agrupaciones sociales de trabajadores informales y casi todos los bloques de diputados, con la excepción del Frente de Izquierda. La iniciativa, surgida a partir de la presión de las organizaciones sociales y consensuada con el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, declara la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del salario social complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep). Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a "efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.
El Consejo de la Economía Popular, que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como "un ámbito institucional permanente", estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el Renatrep.

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