El problema de la nutrición es decisivo en la calidad de vida de los argentinos, pero está quedando en manos de "todólogos", es decir, personas que creen entender de todo. En el presente siglo cunde esta debilidad de la especie humana que hace que alguien se convierta en experto en todo. Para ello recurren a "latiguillos" que hacen atractivo lo propuesto y se termina por discutir desviando el foco de atención a cualquier lado logrando distraer al "cliente". Así escuchamos cosas como "sustentable", "ambientalmente sano", "problemática urbana" y otros conceptos vacíos de contenido.
El sobrepeso es un problema sanitario, pero, según versiones de organizaciones internacionales, en los últimos 50 años el consumo diario de calorías per cápita se incrementó en la Argentina en tan solo 50 calorías, de 3.100 a 3.150 calorías, pero en 25 años el sobrepeso casi se triplicó.
Somos nuevamente sorprendidos, esta vez por un proyecto de Ley de Alimentación Saludable, aparentemente ya presentada en el Congreso Nacional y que invoca el valorable propósito de combatir la obesidad, una de las formas de la malnutrición de estos tiempos. El problema es que confunde los conceptos de "alimento sano" con el de "dieta equilibrada" y legisla sobre temas muy delicados para la gente y muy susceptibles de dejar al legislador en el corazón de una pelea entre sectores productivos.
Gravar son impuestos internos a las bebidas gaseosas no es una solución, sanitaria, dietética ni tributaria. Es condenar como "nocivos" a productos reconocidos como "sanos".
Es evidente lo contagioso del poder contaminante de la "todología "que a su paso en Salta dejó ejemplos -malos ejemplos- de normas que a poco de nacer se convierten en letra muerta, a pesar de disponer en su texto su autoridad de aplicación y un objetivo frecuentemente diferente al de esa misma legislación. En un ligero repaso encontramos los kioscos saludables, las cocinas y menúes para celíacos, la prohibición de bebidas energizantes, el salero, el fomento ganadero y otras iniciativas que son producto del desconocimiento y que solo llevan al descrédito de la autoridad competente y al protagonismo efímero -fotos y prensa de por medio- del autor.
Así también ignoramos -cuando la circunstancia lo indica- el texto de una norma superior para incluir en la "legalidad" algo que no corresponde, con una norma de inferior rango jurídico.
Se construye una narrativa atractiva, pero falaz. Leer el proyecto de Ley de Alimentación Saludable nos lleva a pensar que se inicia una lucha que contribuye a combatir la obesidad en general y la infantil en particular. Noble por donde se vea, pero... ¿servirá?
Seguro que la futura discusión se diluye entre los intereses particulares, personales, sectoriales, empresariales, económicos y otros de los afectados por las modificaciones a lo normado y, si arregla algo, será el equilibrio entre esas fuerzas y en nada la obesidad. Será una lucha entre la uva y el azúcar o las bodegas y los ingenios y nada más. La propuesta estigmatiza la bebida gaseosa y la coloca en el papel de madre del mal.
Intentar modificar un alimento o bebida por ley, existiendo una específica que rige para todos los alimentos y bebidas en el ámbito nacional y del Mercosur demuestran, en principio al menos, un error de cálculo.
Surge además el error conceptual de que existen debidamente aprobados en el mercado alimentos sanos y no sanos. Error en el que ya cayeron los "todólogos" locales autores de las normas arriba mencionadas.
El alimento registrado por las autoridades sanitarias nunca puede ser un alimento no sano. Puede en tal caso no resultar adecuado para una dieta que por decisión propia o recomendada alguien quiere seguir, pero el alimento que proviene de un Registro Nacional de Establecimientos habilitado y posee un certificado RNPA (Registro Nacional de Productos Alimentarios) es sano en las condiciones que su rótulo indica.
En tal caso si es realmente el sobrepeso, la obesidad, la malnutrición o la desnutrición -consecuencia de aquellas- lo que quiere solucionar el Congreso debe poner el acento en la dieta y no en el alimento.
Reiteramos lo ya publicado. La asistencia alimentaria institucional no es compatible con las patologías prevalentes; esto es que si seguimos asistiendo con farináceos, azúcares o leche en polvo donde no hay agua segura, seguiremos con el problema. Al de salud me refiero.
Para decirlo más claro, los bolsones que se reparten contienen todos alimentos sanos, registrados y controlados al momento de conformar el mismo. Lo que no es adecuada al fin perseguido es la dieta. Debemos pasar de la dieta sostén o de emergencia a la dieta inteligente si queremos hacerla permanente.
El perfil eminentemente técnico, indispensable para discutir el proyecto, lograría aburrir a la mayoría de los lectores -a lo que me resisto- pero aseguro desde ya que resultará impracticable llevar adelante lo propuesto.
Si la alimentación saludable es solo una excusa de marketing, adelante, pero si el fin perseguido es realmente el declamado, el Congreso Nacional debería utilizar mejor su tiempo y discutir en serio el tema de una buena vez.

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