El kirchnerismo entregó el gobierno de malas maneras, de la forma en que lo hacen los malos perdedores.
Sus funcionarios, no todos, acompañaron el ninguneo en ministerios, intendencias y reparticiones públicas. No habían entendido cómo funcionan las reglas de una democracia republicana; no se pedía "que se vayan todos", como en el 2001, sino que se fueran quienes debían partir.
Era una conducta muy distinta a la que el pueblo reclamó en aquellos caóticos episodios en los que se acuñó esa consigna que, si bien expresaba a ciertos espacios de la sociedad argentina, no fue ni una expresión mayoritaria ni un programa político condensado en esas cuatro palabras.
"Que se vayan todos" fue una frase con varios sentidos; el primero una consigna de protesta teñida de emotividad. El segundo, cuando fue recogida por el discurso político ya más estructurado, abreviación de un concepto cuya indefinición dejaba librado al oyente los límites conceptuales. El pronombre indefinido "todos" podía apuntar a cualquier estamento o a todos.
El kirchnerismo, por su parte, a partir del 2012, al alinear a sus militantes detrás de la divisa "vamos por todo" ejecutó siendo gobierno un programa diseñado para ejercer el poder político sin respetar límite alguno, ni siquiera los que imponen las normas de la Constitución Nacional y las leyes. Se trataba de esterilizar las instituciones del Estado, dejándolas casi inoperantes.
El autoritarismo patente
En la consigna del 2001 la rigidez de la proposición la hacía un pensamiento de naturaleza totalitaria, al excluir los pasos institucionales para lograr que se vayan solo los corruptos y los ineficientes.
La semejanza con la consigna kirchnerista "vamos por todo" resulta sorprendente y lo poco que diferencia a ambas divisas es el origen: una surgió espontánea desde la gente, la otra fue lanzada a la gente desde la cima del poder político y diseñada para un fin específico: la penetración en todo el aparato estatal para su control, durante pero también después del período presidencial. En ambos casos el autoritarismo es patente.
El planificado "vamos por todo" permitió, entre otras cosas, anestesiar a los organismos de control, ser indulgentes o distraídos con las fuerzas penitenciarias, de seguridad e inteligencia, dominar el Ministerio Público, reclutar voluntades en el Poder Legislativo y una parte del Judicial.
Y para ello se descuidó, o quizá intencionalmente se fue más indulgente, con la creciente actividad del narcotráfico en el país durante más de una década.
El narcotráfico va por todo
Así se expresó el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad Diego Iglesias al referirse a la penetración de las redes delictivas en las fuerzas de seguridad: "El narcotráfico va por todo"
Este fenómeno puede analizarse a través de las expresiones de un vocero permanente: Aníbal Fernández, con funciones de rango ministerial o legislativo desde la presidencia Duhalde hasta el 10 de diciembre pasado. Comenzó negando enfáticamente que el narcotráfico fuese un problema en Argentina, país que solo era lugar de paso de la droga. Luego fue virando su discurso, primero promoviendo su despenalización para finalmente aceptar la existencia de los hechos que antes negaba: en Argentina se produce droga, se la exporta y da cobertura e impunidad a los cárteles extranjeros.
Hoy además la comunidad tiene la casi certeza de que Aníbal Fernández estaría involucrado en una investigación por el tráfico de efedrina.
Por esa causa perdió las elecciones a gobernador. Cuando la jueza Servini de Cubría procesó al extitular de la Sedronar (organismo antidrogas) junto al exsubsecretario de ese organismo y al exdirector del Registro de Precursores Químicos, acusándolos a los tres de falta de control en sus áreas, en su indagatoria uno de los imputados, el exsubsecretario de la Sedronar Gabriel Yusef Abboud, involucró concretamente a Aníbal Fernández en los hechos.
Por otra parte en la entrevista que el periodista Jorge Lanata le hizo al detenido Martín Lanatta en el penal, este señaló a Fernández como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, en el que murieron asesinados tres empresarios farmacéuticos, causa que supo estar en manos del inefable juez Oyarbide. Curiosamente, hasta ahora Fernández solo ha sido citado a declaración indagatoria por el juez Claudio Bonadío por una licitación irregular en el Plan Cunitas, por 1.100 millones de pesos.
No causa sorpresa entonces, en este contexto, la reciente fuga de una cárcel de máxima seguridad de los tres condenados por aquel triple crimen.
El domingo 27 de diciembre los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schilacci escaparon por la puerta del penal.
Tampoco sorprendía a la opinión pública que varias Policías provinciales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria y organismos de inteligencia no pudieran encontrarlos ni pudieran tampoco trabajar de forma coordinada, y que emitieran comunicados para tener que desmentirlos a las pocas horas.
Los aspectos tragicómicos de la fuga y de las casi tres semanas de búsqueda reforzaron la vieja sospecha que la gente tenía de alguna connivencia entre las fuerzas de seguridad con el narcotráfico, y finalmente convirtieron aquella sospecha en certeza.
La diputada del Frente Renovador Graciela Caamaño sintetizó el cuadro: "Lo que sucede convulsiona a la sociedad". Sucesos que ocurrían cuando el presidente Mauricio Macri recién transitaba su primer mes de mandato y que recordaban que en su campaña electoral la lucha contra el narcotráfico había sido colocada como una de sus tres prioridades.
El plan en marcha
El plan "vamos por todo" a desarrollarse durante, y contra, el nuevo gobierno ya había comenzado el mismo día del traspaso de mando.
Innumerables palos en la rueda se habían ido colocando por exfuncionarios y militantes. Actos, marchas, declaraciones. Pero la fuga, persecución, información errónea y discoordinación operativa ocurrida estas semanas ha sido más que eso, ha sido minar el campo desde niveles estatales que aún responden al gobierno anterior. Fue, como señalara el analista político Joaquín Morales Solá, un ostensible desafío del delito y el narcotráfico a una administración que tenía apenas 15 días de gestión en el momento de la fuga.
Esos apoyos desde "adentro del Estado" confirman el estado de convulsión señalado por la diputada Caamaño, para perjuicio directo del Gobierno nacional, y se asocian con una continuación del plan "vamos por todo", realizado ahora desde la autodenominada "resistencia".
¿Resistencia a los resultados de un mes de gobierno o al resultado de las urnas?
Cualquiera de las dos respuestas revela sin dificultad que la democracia, su vigencia y sus normas son secundarias para este pensamiento que parece concebir la búsqueda del poder como un fin en sí mismo, por dentro o por fuera de los carriles democráticos.
Pero está a la vista de todos que Mauricio Macri y su gobierno han decidido tomar la delantera y jugar fuerte, todo lo fuerte que le permitan la Constitución y las leyes. Los DNU designando dos jueces de la Corte Suprema lo probaron. También la actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ante la reticencia del personal de una comisaría santafesina apeló a los empujones para ver el estado de Martín Lanatta, recién recapturado, logrando no solo su objetivo, sino que la policía provincial, cuando más tarde debía entregar a los otros dos prófugos, no lo hiciera ni la Gendarmería ni a la Policía Federal sino que requirió la presencia de la ministra Bullrich para que dispusiera el traspaso. En sintonía, la gobernadora María Eugenia Vidal denunció apoyos "de adentro y afuera del Estado a la mafia del narcotráfico", y tomo dos medidas inmediatas: el relevo de siete comisarios generales y la intensificación de la búsqueda de Ibar Esteban Pérez Corradi, autor intelectual del triple crimen de Gral. Rodríguez, que lleva casi cuatro años prófugo de la Justicia. Para esto aumentó notoriamente la recompensa que existía por su captura. En 48 hs el abogado de Pérez Corradi hizo conocer a la Justicia la intención de presentarse a declarar que le había expresado su cliente.
El mensaje del gobierno, hasta ahora, es claro: no habrá más lugar para la impunidad.

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