Como consecuencia del compromiso asumido por nuestro país al firmar la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en el ámbito de la OCDE, así como en su promesa de lucha en contra de la corrupción, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública. Se trata de un cambio de paradigma impulsado a nivel internacional, en el que las empresas pasan a ejercer un significativo rol y a tener gran responsabilidad en la prevención contra la corrupción.
El objetivo no pareciera ser el castigo penal de las empresas -aunque obviamente ello sea una consecuencia necesaria-, sino más bien, incentivarlas para la implementación de programas internos diseñados para prevenir conductas delictivas; una suerte de autovigilancia que las obliga a generar mecanismos y procedimientos internos que dificulten y detecten delitos por parte de sus directivos, administradores o trabajadores, ofreciéndole a cambio una atenuación en la sanción que le pudiera corresponder. En otras palabras, las compromete a supervisar sus propias acciones y a garantizar el cumplimiento de las leyes a través de un eficaz Programa de "Compliance".
Nos cuesta asumir ésta tendencia, pues estamos acostumbrados a identificar la empresa con las personas que la integran, y a que la respuesta penal sea en contra de las personas físicas; tal es así, que tanto los criterios de imputación, como las normas procesales se forjaron y diseñaron exclusivamente para fundamentar el reproche penal de estas. Sin embargo, para algunos delitos -tributarios, aduaneros, cambiarios, de lavado de dinero, y ahora delitos contra la administración pública-, es una realidad contra la cual ya no tiene sentido oponerse y que las empresas no pueden desoír. Tanto las normas procesales, como las teorías jurídicas existentes, como construcciones para resolver los conflictos sociales, deberán aggiornarse en la búsqueda y aplicación de nuevos esquemas conceptuales que sirvan para atribuir responsabilidad a las personas jurídicas. Y si bien se duda de su idoneidad en el plano político criminal, lo cierto es que las dificultades para hallar a los responsables de decisiones ilegales en estructuras societarias intrincadas con operaciones comerciales descentralizadas de alcance global, o en empresas con múltiples niveles de poder decisorio, sumado al efecto disuasorio que conlleva la amenaza penal, tornan necesario responsabilizar también a la persona jurídica.
Pero tanto o más importante que la amenaza y la sanción (económico y reputacional por añadidura) serán los incentivos para que las empresas diseñen e implementen Programas de Compliance orientados a la detección de riesgos -laborales, regulatorios, de protección de datos, de fraude, de corrupción, medio ambientales, etc-, basados en valores y convicciones éticas. Cada vez más la sociedad demanda comportamientos éticos de las empresas, y por ende la rentabilidad, como principal objetivo, debe ir acompañada de cumplimientos normativos y éticos. A la par del castigo a la persona física que hubiera cometido el delito, el proyecto permite castigar también a la persona jurídica con fuertes multas (hasta un 20% de la facturación anual), y hasta con la cancelación de la personería jurídica, en los casos en que, en su nombre, representación o interés se cometa un delito contra la administración pública, y ello podría haber sido evitado si se hubiera contado con un Programa de Integridad término utilizado por la propia ley.
El incentivo consiste en la atenuación o eximición de responsabilidad si demuestra que contaba con un programa de cumplimiento normativo eficaz. Claro que no será sencillo determinar cuándo un programa es eficaz; y cuáles criterios deberán utilizar los jueces a tal efecto. Sin duda que es un importante avance, pero una reforma legislativa, como mera reacción a una situación coyuntural, es insuficiente, y no puede ir descontextualizada de otros instrumentos indispensables para el verdadero y eficaz funcionamiento de una institución o para el control de un problema. Una visión integradora que armonice ésta decisión con el funcionamiento de otros subsistemas será necesaria; fundamentalmente un buen y pronto funcionamiento de la Justicia en la investigación; políticas de monitoreo y control de dichos estándares por parte de algún organismo del Estado; así como también, la colaboración y concientización de las empresas en que la rentabilidad no puede ser el único objetivo al que deben aspirar, sino que el control de riesgos legales, así como también una fuerte impronta de valores y ética en los negocios, también contribuyen a la rentabilidad del negocio a largo plazo y a la reputación de la empresa. Restará por determinar en la práctica, el contenido de un Programa de Compliance eficiente. Imaginamos que los programas deberán ser a medida, de acuerdo a los concretos riesgos que emanan de cada empresa y de cada actividad. El desafío es convencer a las empresas de que invertir en un programa de cumplimiento creíble y eficaz, que prevenga y detecte cualquier incumplimiento normativo, es la mejor manera de impulsar la competitividad y asegurar la continuidad de un negocio. Un fuerte mensaje ético que refuerce los valores y motive al cumplimiento de buenas prácticas, más que por el miedo a ser sancionado, por la convicción de que es el único camino y lo conveniente a largo plazo, es el objetivo.

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