Gran expectativa generó en el ambiente energético la licitación de 1.142 MW de energías renovables del Plan Renovar y la ampliación, en la llamada Ronda 1.5 del mismo plan, de licitación para otros 600 MW. También fueron celebrados los anuncios destinados a mantener los proyectos de nuevas centrales hidroeléctricas y nucleares.
En tren de seguir con los anuncios, las empresas petroleras también celebraron el incremento del precio de gas. Todos estos comunicados muestran (o intentan mostrar) un gobierno activo que entiende a la energía como un requisito indispensable para el crecimiento del país. Pero algo se escapa, falta un eslabón para transformar ese crecimiento en desarrollo.
Si se observa bien, el hilo común que enlaza esas noticias es la intensa promoción de inversiones en energía con el objetivo de ampliar la ajustada oferta energética. Esta dinámica es prácticamente la que marca el paso de las inversiones energéticas desde hace 30 años, a excepción de un breve intervalo entre 2007 y 2015 que no había privados que quisieran invertir en la expansión de la matriz energética argentina, haciéndose cargo el Estado de dichas inversiones. De los ejemplos mencionados, el caso paradigmático es el de la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), que ganó la licitación del Renovar con más de 300 MW solares a instalar en la Puna, con un 12% de participación local, siendo el resto aportes de empresas chinas.
Los proyectos eólicos fueron seleccionados en base al precio ofertado, en desmedro del componente local. Esto generó airadas críticas de diversos gobiernos y entidades, entre las que se destaca la del subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, quien, en un didáctico video disponible en YouTube, educó a todos sobre el porqué de la necesidad de orientar estos proyectos con la industria local.
De manera similar, para la construcción de nuevas centrales nucleares, se desmanteló la unidad de gestión de proyectos nucleares, creada para finalizar la Central Nuclear Atucha II y destinada a ser el "arquitecto-ingeniero" de los nuevos proyectos. De la unidad de gestión quedará un grupo reducido que realizará las mínimas gestiones del proyecto por la parte local, quedando la mayor parte en manos de... los chinos. Otro tanto ocurre con la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, Kirchner, Cepernic y Chihuidos I, todas realizadas con fuerte participación extranjera y poco componente local. Es innegable que la construcción de los paneles solares en la puna jujeña o de centrales nucleares con China será más barato que proyectos similares realizados en forma local. Pero se pierde de vista que el desarrollo energético de un país debería estar ligado con su desarrollo industrial, generando las condiciones necesarias para la industria local y no solo la utilización de recursos naturales.
Además de la utilización de los proyectos energéticos para el desarrollo de la industria local, su aprovechamiento en un determinado lugar también debería estar ligado a la promoción industrial, para que no suceda lo de Yacyretá, que no tiene ninguna empresa energético-intensiva en sus cercanías y la única ventaja es un "factor de nodo" que, sin una política industrial explícita, poco ayuda para el desarrollo regional. Esta mención debiera ser la norma en todos los lugares donde haya una fuente energética de importancia, sean las represas mesopotámicas, los vientos del sur o el sol puneño. Mientras tanto, en la Capital Federal siguen pagando menos el costo de la energía por una sencilla razón, pues allí las distribuidoras Edesur y Edenor tienen 600 y 750 clientes por km2 respectivamente; en Salta, Edesa tiene 2,2 clientes/km2. Sin esa necesaria vinculación recursos energéticos-industria local-desarrollo tecnológico será imposible encontrar el eslabón perdido entre energía y desarrollo.

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Sección Editorial

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