La asunción de un nuevo gobierno en Argentina abrió la esperanza cierta de haber dejado atrás la etapa más oscura para el periodismo independiente desde la restauración democrática en 1983. Un período cuyas consecuencias, lamentablemente, llevará tiempo corregir, por el efecto residual de las presiones y persecuciones a medios de comunicación, sus directivos y personal.
En los últimos 12 años, y con intensidad creciente, se habían multiplicado las trabas para acceder a información pública, prácticamente habían desaparecido las conferencias de prensa por parte de funcionarios públicos y no se avanzaba en imprescindibles políticas de protección para el trabajo periodístico.
Como Adepa denunció en reiteradas ocasiones, todo eso fue parte de un plan sistemático de destrucción del periodismo independiente. Fue parte, en realidad, de un plan superior para abortar toda expresión de disidencia, para consagrar un discurso único bajo un barniz de libertad de expresión, y descalificar así todo intento de investigar al poder.
Pero quizá, cuando se mira en perspectiva, dos fueron los principales daños al periodismo en estos años.
Uno de ellos, la instauración de una cultura de descalificación permanente hacia la tarea de la prensa. Promovida desde las más altas esferas del poder político, esa actitud fue permeando a otros sectores de la sociedad, lo que generó enfrentamientos como hace décadas no se vivían.
Otro daño cuyas consecuencias se prolongarán en el tiempo fue el dispendio discrecional de recursos que permitió montar un aparato comunicacional público y privado totalmente sometido al poder político, aunque en su gran mayoría con audiencias raquíticas.
Enormes sumas de dinero fueron asignadas sin control. Coherente con el principio de "discurso único", el único criterio fue que los propietarios de esos medios buscaran acallar a las voces críticas. Peor aún, para que las sometieran al escarnio sobre la base de acusaciones falaces difundidas a repetición.
El oficialismo nacional y también los de varias provincias destinaron asimismo ingentes sumas de dinero para que otros medios asumieran, al menos, una actitud acrítica hacia esas administraciones.
Esa estrategia tuvo un doble efecto, cuyos resultados aún se observan.
Por un lado, esos fondos estatales no promovieron, en general, inversiones genuinas para "multiplicar las voces", como decía el eslogan del gobierno central. Sólo sirvieron para gestar enormes estructuras parasitarias, sin otro sustento que la pauta publicitaria oficial.
Prueba de ello es que, aun antes de que asumieran las nuevas autoridades nacionales, comenzó el desguace de este sistema paraestatal de prensa, con ventas de acciones, despidos de personal o cierre de empresas. Grupos nacidos o desarrollados en la última década sorprenden por su fenomenal desorden administrativo, por su incumplimiento serial de obligaciones laborales y fiscales, por la virtual inexistencia de estructuras comerciales para procurar publicidad privada, y hasta por la dificultad para determinar quiénes son sus propietarios.
En los medios públicos, se destinaron fuertes asignaciones presupuestarias que permitieron mejorar equipamientos, pero que también financiaron un denigrante uso de las frecuencias del Estado para ponerlas al servicio de la ideología gobernante. Hubo productores y conductores que se plegaron a ese aparato de propaganda, que abandonó todo pluralismo y en el que los agravios a la oposición pasaron a ser financiados con los recursos de todos los argentinos.
Por otra parte, fue evidente el propósito de que el manejo discrecional en la asignación de la publicidad del Estado debilitara a los medios que no se sometían al "relato" oficial. Y se buscó dar el golpe de gracia condicionando la pauta de los anunciantes privados a través de aquel recordado diktat de la Secretaría de Comercio a las cadenas de supermercados y electrodomésticos.
Todo ello ocurría mientras la prensa del resto del mundo desarrollaba alternativas para adaptarse al nuevo entorno comunicacional surgido con el avance de los nuevos medios digitales y las redes sociales. Gobiernos europeos y muchos de Latinoamérica colaboraron con políticas de fomento y de aliento a la reconversión, mientras aquí estas eran reemplazadas por una tenaz persecución.
Aquellos entendían que no hay democracia sin una prensa sólida que aliente el debate de ideas. En Argentina, en cambio, se veía al periodismo como un obstáculo a remover, como una actividad peligrosa, por su potencial impulso al control ciudadano sobre un poder que se imaginaba ilimitado y eterno.
Fin de la confrontación
El principal desafío para el nuevo gobierno en su relación con el periodismo es restablecer un marco de libertad plena y sana competencia para el ejercicio de la actividad.
En este contexto, merecen ser destacadas las palabras del presidente Mauricio Macri en la reunión de fin de año de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y las de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la apertura de esta Junta de Directores.
El jefe del Estado felicitó a Adepa por la valentía con que actuó en estos años para defender "nuestras libertades y la búsqueda de la verdad" en momentos en que "se discutía cuál era el rol de la prensa y hasta dónde llegaba el derecho a la libertad de expresión".
Agregó: "Espero que ya no haya más telarañas en la sala de prensa, como encontré en Olivos". Y pidió al periodismo que diga claramente "dónde están los errores", para que quienes gobiernan puedan "siempre mejorar".
La gobernadora Vidal, a su vez, destacó que gobernantes y medios de comunicación "deben decir siempre la verdad, aunque sea difícil".
Esa fue, es y será la misión del periodismo: señalar lo que está bien y lo que está mal, sin alineamientos incondicionales, con profesionalismo.
Aunque en algunos casos es prematuro realizar una evaluación y queda mucho por hacer, las medidas adoptadas desde entonces para el sector van en buena dirección: reinstauración de las conferencias de prensa oficiales; anuncio de que no habrá una política de confrontación desde el Estado contra el periodismo independiente; compromiso de no utilizar nunca más organismos de control y servicios de inteligencia para intimidar y espiar a periodistas y empresas de comunicación.
Igualmente positivas son las acciones para recuperar un manejo no partidario de los medios públicos, el abandono de la práctica abusiva de las cadenas nacionales y la elaboración de un proyecto de ley de acceso a la información pública. Esta última norma ha sido largamente reclamada por Adepa y ONG ciudadanas ya que, junto a una política de gobierno abierto, fortalecería la transparencia del Estado y favorecería la investigación periodística sobre el funcionamiento de las instituciones republicanas.
Se avanzó, asimismo, en la necesaria revisión de leyes y resoluciones que venían siendo aplicadas como arietes contra medios críticos, y se asumió el compromiso, que saludamos, de promover un debate sobre el tema en el seno del Congreso. Instamos a que el tratamiento legislativo en la materia conduzca a un marco normativo que mire al futuro, concebido no como represalia sino como expresión de un consenso amplio, que permita el desarrollo de un espacio comunicacional libre, independiente, plural y sustentable.
Por otra parte, se inició un análisis integral de la política de pauta oficial y de eventuales medidas de fomento para las Pyme del sector. Autoridades de Adepa transmitieron a los funcionarios del área de Comunicación Pública la necesidad de diseñar mecanismos racionales y equitativos para la asignación de la publicidad del Estado. Consideraron también imprescindible promover instrumentos transparentes que garanticen la subsistencia y reconversión de la prensa.
Diarios, periódicos, revistas y medios audiovisuales y digitales de todo el país son un aporte esencial para la consolidación de la democracia y el federalismo. Pero desde hace tiempo afrontan crecientes dificultades financieras y operativas derivadas de los cambios en los hábitos ciudadanos de consumo de información.
Confiamos en que a corto plazo se avance en estos aspectos, para despejar incertidumbres del presente y planificar el futuro con optimismo.
Proteger la labor de la prensa
El Ministerio de Seguridad aprobó recientemente un llamado "protocolo antipiquetes", en cuyo capítulo III se incluye una cláusula fundamentada como un modo de proteger la integridad física de los periodistas. Adepa planteó que, tal como el artículo fue redactado, puede condicionar la actividad de la prensa al informar sobre manifestaciones en la vía pública. Sobre la base de tal afirmación, que aquí se ratifica, exhortamos a seguir trabajando en el diseño de medidas que logren un equilibrio entre la preservación de la libertad de expresión y la necesidad de brindar efectiva protección a quienes trabajan para informar a la sociedad.
En los seis meses transcurridos desde la asamblea de nuestra entidad en Rafaela, se registraron varios ataques a periodistas y medios, en especial por el accionar de grupos narco o durante coberturas de protestas gremiales o sociales.
En diciembre, manifestantes de la Unión Tranviarios Automotor atacaron a un equipo periodístico de Crónica TV. Días después, la cronista Karina Vallori, de El Doce TV, de Córdoba, fue agredida en una protesta gremial en esa ciudad.
También hubo denuncias de maniobras de espionaje contra periodistas y otros actores sociales; hostigamientos y agresiones contra Liliana Franco, de Ámbito Financiero, y otros cronistas en un acto realizado en octubre en la Casa Rosada, y los editores de Página/12 denunciaron una amenaza de bomba e interferencias a sus redes informáticas. En otros casos, policías reprimieron a reporteros, como fueron los hechos denunciados por Juan Cruz Taborda, de los SRT, de Córdoba, y por un fotógrafo de ElEsquiu.com, de Catamarca.
El hecho más grave fue, en diciembre, el brutal ataque contra el director y propietario de la radio FM Luna de San Antonio de Areco, Sergio Hurtado, junto a su familia, en una aparente venganza de narcotraficantes que actúan en la región.
La decisión oficial de apostar al diálogo y a la convivencia, y los anuncios de que se buscará garantizar un pluralismo real y la plena libertad de expresión, son aportes significativos para una labor periodística libre. Igualmente lo será el impulso a un Estado más transparente. En definitiva, garantizar la libertad de expresión sin censuras, pero también sin represalias.
Desde Adepa, instamos a sostener y cumplir en el tiempo estos compromisos. Será este un modo de consolidar la institucionalidad republicana y el control ciudadano de los actos de gobierno, gravemente deteriorados en los últimos años.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia


otto Brinca
otto Brinca · Hace 8 meses

que contrariedad, adepa defiende ante estos los intereses de MACRI


Se está leyendo ahora