El jurado de enjuiciamiento de magistrados de Salta se reunió hoy para comenzar con el análisis del pedido de jury contra el juez de Garantías de Segunda Nominación de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, y el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, por su desempeño en la causa de la niña wichí de 12 años violada en el norte salteño.
Fuentes del Poder Judicial de Salta informaron que en esta primera reunión, el jurado presidido por el titular de la Corte de Justicia provincial, Guillermo Catalano, comenzó el análisis de la acusación formulada por el juez Abel Cornejo.
Durante la reunión se resolvió correr vista sobre la acusación a Mariscal Astigueta y a Cazón, por el término de diez días hábiles judiciales. Lo propio se hará con el procurador General de la provincia, Pablo López Viñals, y una vez recibida la contestación de los acusados y el informe del procurador, el Jurado se reunirá nuevamente.
En esa ocasión, los miembros de este cuerpo deberán decidir, por resolución fundada, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad formal de la acusación, que para los dos funcionarios judiciales es por mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes a su cargo.
El jurado estimó necesario reunir más elementos de juicio para resolver la admisibilidad o inadmisibilidad formal en los términos del artículo 12, apartado quinto de la ley 7138.
El hecho ocurrió en noviembre pasado en el paraje Alto La Sierra del departamento Rivadavia, a 80 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, cuando los padres hallaron a la nena desvanecida y denunciaron una violación múltiple cometida por ocho hombres, entre ellos tres adolescentes.
Al iniciar la investigación, el fiscal Cazón pidió la detención de los cinco acusados mayores de edad, pero al tiempo fueron liberados por falta de pruebas, aunque debían cumplir una serie de reglas fijadas por el juez, hasta la finalización del proceso.
A fines del mes pasado, cuando por la intervención de miembros de la Cámara de Diputados de Salta se supo que la niña estaba embarazada y los medios de comunicación se hicieron eco del caso, el fiscal volvió a pedir la detención de los cinco hombres, pero el juez la denegó.
Mariscal Astigueta sólo ordenó la detención de uno de ellos, identificado como Jorge Gabriel Salas, por desobediencia a la autoridad pues no se presentó ante las autoridades de la dependencia policial del paraje Alto la Sierra, tal como le había sido impuesto.
La niña fue revisada, derivada a Tartagal y de allí al hospital Materno Infantil de la capital provincial, donde se decidió la interrupción del embarazo, que llevaba 34 semanas, debido a que el bebé presentaba anencefalia, una malformación craneana genética que hace inviable la vida fuera del seno materno.
Tras el pedido de jury, Mariscal Astigueta ordenó la detención del resto de los acusados mayores de edad, de los cuales aprehendieron a cuatro y uno está prófugo.
La semana pasada, Cazón fue apartado de la causa por decisión del procurador general de la provincia, quien lo reemplazó por el fiscal de Tartagal, Pablo Cabot, que actúa junto a su colega penal la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

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