En Salta, personas que se inscribieron no figuraban en la lista de oradores. En Neuquén, se suspendió el encuentro tras incidentes entre trabajadores estatales y la Policía. Un corte de luz generó demoras en el edificio porteño de la Usina del Arte y problemas técnicos imposibilitaron escuchar algunas disertaciones. Así se desarrolló ayer la primera jornada de la audiencia pública por las tarifas del gas, en la que el Gobierno nacional no dio brazo a torcer, confirmó aumentos desde octubre y les puso fecha límite a los subsidios para la producción e importación gasífera.
Con epicentro en Buenos Aires y otros ocho centros virtuales del interior, entre ellos la sede de la Sociedad Española de Salta, donde hubo muchas sillas vacías, la Casa Rosada llevó adelante lo que le impuso la Corte Suprema de Justicia tras suspender el tarifazo en todo el país. Se estima que, por los 373 oradores, las exposiciones se extenderán hasta el domingo.
Una vez que termine este procedimiento formal, el Gobierno nacional tendrá el camino allanado para subir el gas. Ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que los montos de las facturas serán menores a los 500 pesos (sin impuestos incluidos) en meses cálidos y aseguró que se reducirá un 59 por ciento en invierno.
Aranguren mantiene firme la decisión de subir en promedio un 203 por ciento ese servicio teniendo en cuenta la boleta de marzo. Además, dijo que habrá incrementos semestrales por lo menos hasta 2019. Al defender su postura, el funcionario sostuvo que se apunta a un "sistema más justo y equitativo", con "tarifa social y quita gradual de subsidios". Aranguren fue el único orador que tuvo 20 minutos. Para el resto estaban pautados 10 o 15 minutos.
"Los subsidios se mantendrán para quienes realmente los necesitan", planteó el funcionario. También manifestó que el sistema de suministro de gas es "distorsionado, desigual, injusto y arcaico". Dijo que el año pasado los argentinos, incluso los que no tienen acceso a la red de gas natural, pagaron subsidios por "5.700 millones de dólares".
El Gobierno propuso una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años, de modo de llegar a cero en octubre de 2019. Se marcó como excepción la Puna y la Patagonia, que tendrán la subvención hasta octubre de 2022.
En lo que respecta a los usuarios comerciales, se indicó que el 99 por ciento pagará una factura promedio de 488 pesos antes de impuestos, en tanto el 1 por ciento de mayor consumo (más de 22.366 metros cúbicos por mes) deberá abonar 24.579 pesos.
La presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, manifestó que aunque la audiencia pública no sea vinculante, "es fundamental que se escuche a la gente". A su vez, reclamó que el incremento en la tarifa de gas se aplique "comprendiendo las necesidades de la población".
Los defensores del pueblo de todo el país coincidieron en reclamar al Gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atadas los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios energéticos como derechos humanos.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1 de abril.
"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el Gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", expresó Amor.
El presidente de la asociación de usuarios Consumidores Libres, Héctor Polino, se opuso al incremento del 203 por ciento promedio de aumento. "Creemos que implica una ganancia extraordinaria a las empresas y además no se corresponde con las posibilidades de pago por parte de la mayoría de la población".
Por otra parte, desde la Unión de Clubes de Barrio reclamaron "sensibilidad y moderación" al Gobierno.
x

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Debe iniciar sesión para comentar

Importante ahora

cargando...