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En las poblaciones más pobres, el 14% cobra pensión por invalidez
En Salta se destina alrededor de 197 millones de pesos por mes para pagar a las 49.808 personas que cuentan con pensiones por invalidez. El beneficio nacional alcanza al 4,1% de la población, pero al desglosar cómo se distribuye la ayuda social dentro del territorio provincial se destaca que los departamentos más postergados superan en gran medida ese porcentaje.
En Rivadavia, 14 de cada 100 habitantes recibe ese subsidio, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a los que accedió El Tribuno. Son más de 4.100 beneficiarios y la mayoría tiene diagnóstico de la enfermedad de Chagas, según confirmaron fuentes del organismo.
Si se suman el resto de las pensiones no contributivas (para madre de 7 hijos, pensiones no graciables, por leyes especiales y a la vejez), en el departamento del norte salteño el 17% de la población cuenta con uno de esos planes nacionales.

Reflejo

El reparto de la pensión por invalidez en la provincia es un espejo de lo que ocurre en el país: los distritos con mayor índices depobrezatienen una mayor proporción de subsidiados.
Santiago del Estero está arriba en el ranking, con el 35% de la población con posibilidad de trabajar que recibe esa ayuda, según una publicación reciente del diario La Nación. Siguen Formosa, con el 32%, y Chaco, con el 31%.
El 11,8% de los habitantes en edad laboral en Salta cobra por ese programa social. En Jujuy, el porcentaje es del 9,55% y en Tucumán, el 12,3%.
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¿Quiénes reciben?

Los beneficiarios de la pensión por invalidez deben presentar una disminución del 76% o más en su capacidad física para trabajar. No pueden tener otra asignación del Estado y tienen que estar desempleados.
El subsidio equivale al 70% de una jubilación mínima: $3.962. Lo autorizan las sucursales de Desarrollo Social, luego de que el interesado presente un certificado médico emitido en un centro de atención sanitario estatal.
En los últimos años hubo diversas denuncias por la entrega irregular de sueldos por invalidez a personas que no les correspondía. En un juzgado de Metán duerme la denuncia de una bioquímica de El Quebrachal, quien asegura que le falsificaron la firma para convalidar falsos exámenes por discapacidad. En esa ciudad existe otro caso abierto en la Justicia por vecinos santiagueños que habrían cambiado el domicilio en sus documentos y votan en la localidad anteña a cambio de pensiones (ver página 3).
El intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, denunció la misma operación fraudulenta en 2011. Aseguró que a través de una fundación médica se otorgaron certificados truchos por invalidez en losmunicipiosde General Gemes.
En el hospital público de Tartagal también se registraron denuncias por la emisión de esos comprobantes apócrifos.

Madres de 7 hijos

En la provincia, más de 19.300 madres acceden a la pensión por tener siete hijos o más, el 1,6% de la población. La capital salteña cuenta con la mayor cantidad de beneficiarias en esa condición, con poco más de cinco mil subsidios, de acuerdo a los datos de Desarrollo Social, pero no llega al uno por ciento de la población.
San Martín sigue en la lista con mayor cantidad de pensiones, con 2.950 ayudas. Luego se encuentran Orán, con 2.700, y Anta, con 1.360.

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