El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la provincia dio a conocer un informe relacionado con el relevamiento que viene realizado desde 2008 en materia de protección y asistencia a personas de ambos sexo en situación de riesgo, lo que se conoce como de trata de personas. Según el organismo hasta ahora participó en la asistencia de 119 operativos, en los que se rescataron a 417 personas damnificadas, entre mujeres, hombres, niños y adolescentes, en situaciones de explotación, tanto laboral como sexual. De la referida cifra, 250 fueron mujeres y 167 hombres, con un porcentaje del 60 y 40 por ciento, respectivamente.. De acuerdo con el tipo de explotación, se determinó que hubo 189 casos relacionados con el comercio del sexo y 228 con el trabajo esclavo.
La trata de personas es considerada una forma de esclavitud moderna y una de las peores violaciones a los derechos humanos. Por tratarse de una problemática mundial, que se ha convertido en una actividad lucrativa que compite a nivel mundial con el tráfico de drogas y de armas, los estados y naciones del mundo han firmado una serie de protocolos para erradicar este delito de la sociedad. Quienes lucran con esta deleznable actividad engañan a mujeres a las que someten a un régimen de esclavitud para explotarlas sexualmente. Lo propio ocurren con hombres, niños y adolescentes de todos los rincones del planeta, a quienes los someten diariamente a situaciones de explotación laboral.
En la provincia de Salta la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realiza con frecuencia procedimientos en establecimientos agropecuarios rurales, donde ha detectado numerosos casos de personas que trabajan en negro y en condiciones infrahumana, ya que no cuentan con los servicios básicos elementales. En muchos de esos operativos los inspectores federales confirmaron la presencia de menores de edad que eran explotados laboralmente.
De acuerdo con los datos suministrado por la cartera de Derechos Humanos y Justicia, la provincia viene trabajando en esta problemática desde la oficina de rescate y acompañamiento de las personas damnificadas, y que lo hace en el marco del "protocolo interinstitucional para prevención, rescate y asistencia a víctimas de trata de personas", firmado en 2015 con representantes de organismos oficiales provinciales y nacionales, autoridades del Poder Judicial Federal y de la Procuración General de la Nación -Ministerio Público Fiscal. El objetivo de este protocolo es trabajar en forma articulada con otros organismos del Estado para la prevención y erradicación de la trata de personas generando criterios y procedimientos de asistencia integral a las víctimas o potenciales víctimas.
Según el ministerio, a cuyo frente se encuentra Pamela Calletti, la finalidad de trabajar en forma articulada es generar criterios y articular métodos de asistencia integral a las víctimas o potenciales víctimas que permitan unificar el circuito de atención, garantizando con ello el acceso y la restitución de sus derechos. Al mismo tiempo, optimizar los recursos institucionales a los fines de evitar el proceso de revictimización que sufren las personas durante la intervención de las instituciones responsables de su protección. Por otra parte se profundizan las actividades de difusión y sensibilización sobre la trata de personas, fortaleciendo el rol de las instituciones en la detección y lucha contra este delito, al tiempo que propicia y participa en la elaboración y adecuación de normas para su prevención y erradicación.
Salta a la cabeza
En la capital, el organismo cuenta con tres albergues para las mujeres que no cuentan con un lugar para alojarse y un cuarto en ejecución, a punto de terminarse. El propósito es que puedan permanecer allí junto a sus hijos o familiares en tanto se procuran alternativas para que la víctima de este delito puedan encontrar una salida viable y cortar con el círculo que establece la trata. En todos los casos las damnificadas reciben asistencia profesional y contención. Salta está considerada como de las principales provincias del país donde se capta y recluta a mujeres para el negocio del sexo. El ministerio también brinda asesoramiento a las fuerzas policiales y judiciales sobre el tratamiento a las víctimas. De igual forma, especialistas del ministerio brindan asistencia jurídica a las víctimas hasta el momento en que son convocadas por la Justicia para que presten declaración testimonial.
La tarea del ministerio se complementa con la que desarrolla la fundación Marita Verón, quien también ofrece asistencia gratuita y apoyo legal, psicológico y social, al tiempo que judicializa las causas de víctimas de trata.

Protocolo de las Naciones Unidas

El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas,a través de la resolución 68/192, fijó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. En su artículo 3, este protocolo define la trata como la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder y a toda otra forma de abuso con fines de explotación.

Una tarea coordinada

Las fuerzas de seguridad son las encargadas de la investigación del delito y de la seguridad de quien ha sido víctima del delito de trata personas. En materia penal, las actuaciones las lleva a cabo la Justicia Federal, con intervención de los fiscales, quienes se encargan de guiar la investigación. Paralelamente a ello los equipos profesionales interdisciplinarios de los organismos del Estado y de las ONG autorizadas, realizan la tarea de contención y el acompañamiento de los damnificados desde el inicio del proceso. A partir de allí se coordina una serie de medidas, las que apuntan en primer lugar a proteger y acompañar a la persona damnificada y a su grupo familia si fuera necesario, para evitar que sea revictimizada y al mismo tiempo brindarle la asistencia psicológica y de contención que cada caso requiere.


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