Eran las 4 del 14 de mayo de 1976 cuando Graciela Jorge se despertó por el golpe en la puerta de su casa del barrio Santa Lucía. Las voces preguntaron por su cuñado, Carlos "el Cuchi" Rivero.
Graciela pensó que lo buscaban por razones laborales y les dijo que Carlos estaría en casa de su mamá, porque su mujer acababa de dar a luz a su primer hijo. Los envió a la casa de Mendoza al 1200. Antes de la 5 gritaron su nombre en esa casa. Carlos salió a atender pensando que eran proveedores de su puesto en el mercado San Miguel y de ahí no se supo más nada sobre él.
Esos fueron los hechos que describieron ayer los testigos que se presentaron en una nueva audiencia en el juicio que se conoce como megacausa UNSa II.
Su amigo Guillemo Martinelli, su hijo Carlos, su cuñada Graciela Jorge y su hermano Oscar David se presentaron en la testimonial del juicio que analiza seis causas con crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 30 víctimas, por los que son acusados seis represores, entre ellos el exjefe del Ejército, el general retirado Héctor Ríos Ereñú.
Martinelli dijo que Carlos era un luchador "de los intereses de los más postergados y de los trabajadores". "Era un hombre franco que nunca se callaba nada, por eso lo marcaron", declaró.
Carlos Rivero estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional de Salta y, además, trabajaba en su puesto en el mercado San Miguel. Por eso pensó que quien lo llamaba le venía a dejar manzanas de Mendoza. Entonces abrió la puerta semidesnudo y solo quedó en el lugar un zapato.
Su hijo nunca lo conoció. Su relato se basó en lo que le dijeron sus familiares. Su mamá lo tuvo en la clínica y quedó internada unos días, por eso su papá no se quedó esa noche en Santa Lucía y se fue a lo de su mamá.
El más desgarrador fue el testimonio de Graciela, su cuñada, la que le dijo a dónde estaba la víctima. "Ellos ya habían tenido un allanamiento anterior de la Policía Federal y de la Provincia, en el 74. Destruyeron la casa buscando armas y folletería subversiva y luego se los llevaron. A Sara Milagro (su hermana) la violaron en la sede de la Federal y luego la soltaron. Al tiempo vio a sus violadores viviendo en el mismo barrio (Santa Lucía) y comenzó a llorar a los gritos", relató.
Los delitos que se investigan en esta causa son privación ilegítima de la libertad, torturas, violaciones y homicidio por parte del Estado dentro de un plan sistemático, por lo que se consideran de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Las víctimas son estudiantes y profesores universitarios, y militantes políticos de distintos puntos de la provincia, especialmente de ciudades del norte como Orán y Tartagal. Ellas son Silvia Sáez de Vuistaz, Mario Bernardino Luna Orellana, David León Paz, Santos Abraham Garnica, Sergio Wenceslao Copa, Reynaldo Isola, Luis Eduardo Risso Patrón, Juana Isabel López, Felipe Burgos, Carlos Mosca Alsina, Oscar Bianchini, Néstor Díaz, Carmen Torres, Francisca Delicia Torres, Aldo Bellandi, Luis Mamaní, Juan de Dios Ortiz, Gregorio Tufiño Ruiz, Nicolasa del Valle Montilla, Benita Giménez de Medina, Raúl Araujo, Rodolfo Alfredo Zelarayán, Ángel Antonio Juárez, Raúl Benjamín Osores, Carlos Humberto García, Nora Ester Saravia de García, Raúl Humberto Machaca, Carlos Alberto Rivero, Pedro José Tufiño y Daniel Roberto Loto Zurita.

Los acusados actuaron en el norte de Salta
Los acusados son los exjefes de Policía Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, el exjefe de Seguridad de la Policía Joaquín Guil, el exjefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, Héctor Ríos Ereñú, el comandante principal retirado de Gendarmería Diego Alejandro Varas y el inspector mayor retirado de la Policía Arturo Madrigal.
Violaciones a mujeres
Testimonios, como los de Graciela sobre la violación de su hermana en una delegación de la Policía Federal, dejaron en la sala de audiencia un frío que cortaba el aire. "La población debe saber que en el caso de las mujeres hay doble victimización porque además de secuestrarlas, torturarlas y asesinarlas, las sometían a violaciones sexuales. Eso ya se considera también como un delito de lesa humanidad en todo el mundo y estamos promoviendo que se juzguen acá también", dijo Tania Kiriaco, de la querella de la UNSa.


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