Trascendió hace muy poco, que un exsenador habría sido demorado junto a su esposa en el aeropuerto de Ezeiza, cuando se aprestaban a salir del país con una suma de dólares que superaba holgadamente los límites legales establecidos, sin haber declarado su egreso ante la autoridad aduanera.
El hecho tuvo una gran repercusión mediática y social, pero más allá de ello, es útil preguntarse, si constituye delito viajar al exterior sin declarar los dólares que se llevan.
Por más simple que pareciera la respuesta, no ha recibido una respuesta unánime por parte de la jurisprudencia, existiendo fallos y opiniones dispares y contradictorias con relación al tema.
Veamos: la RG de AFIP N§ 1176/2001, obligaba a los viajeros que querían egresar del país con montos superiores a los US$10.000, a declararlos ante la DGA, respaldando el origen de dichos fondos.
Posteriormente, a través de la RG de AFIP N§ 2705/2009, principalmente basado en los compromisos asumidos por Argentina en relación a la lucha contra el lavado de dinero, cualquier monto superior a los US$ 10.000 debe ser canalizado mediante transferencia bancaria.
Ahora bien, a pesar de dicha prohibición, la jurisprudencia no es unánime respecto a si dicho incumplimiento constituye una infracción administrativa sancionada con pena de multa, o un delito de contrabando con pena de hasta 10 años de prisión.
El núcleo que define la cuestión y que inclina los fundamentos a favor de una infracción o de un delito, lo constituye la definición acerca de si el dinero en efectivo puede ser considerado mercadería en los términos del Código Aduanero, que la define como "todo objeto susceptible de ser importado o exportado".
Ello así, pues el delito de contrabando castiga aquella ocultación maliciosa de mercadería.
En ese orden, i) quienes piensan que el dinero debe ser considerado mercadería en los términos del Código Aduanero -porque posee posición arancelaria y porque puede ser objeto de importación y exportación-, estiman que aquella persona que egresa con sumas superiores a los US$10.000 sin declararlos y ocultándolos, podría estar cometiendo un delito de contrabando.
Por el contrario, ii) aquellos que sostienen que los dólares son instrumentos meramente representativos de valores dinerarios, y que por lo tanto no constituyen mercadería susceptible de importación y exportación, afirman que, en respeto del principio de legalidad, no es posible que se configure el delito de contrabando; por supuesto que no niegan la existencia de una infracción administrativa con pena de multa; pero niegan la posibilidad de imputar el delito de contrabando.
Por lo tanto, al juez de turno que le toca investigar una situación como la descrita, antes que nada debe determinar o definirse sobre si el dinero es o no es mercadería en los términos del Código Aduanero de la Nación; y si entiende que si constituye mercadería, debe luego analizar si llevar esa suma de dinero en una cartera o valija que será escaneada al salir, constituye una ocultación maliciosa de acuerdo a la interpretación jurisprudencial. Ambos elementos deben estar presentes para que un juez pueda hablar de delito.
Si no se configura alguna de dichas situaciones, es decir, si entendemos que el dinero no es mercadería porque simplemente es un símbolo representativo de un valor y por ende no puede ser exportado o importado por cualquier ciudadano, como lo entendemos nosotros, no es posible hablar de un delito penal.
Sin perjuicio, claro está, que subsiste la infracción administrativa con una severa multa económica.
Mención aparte merece el potencial análisis de la existencia de un presunto delito de lavado de dinero, pues precisamente la resolución de la AFIP que impide salir con cifras superiores a los US$10.000, tiende a prevenir posibles conductas relacionadas con el lavado de dinero.
Pero para que dicha conducta pueda llegar a constituir el delito de lavado de dinero, el exceso de la suma autorizada para egresar del país debe superar los $300.000 y, lo más importante, el mismo debe provenir de una actividad ilícita; más concretamente, de un delito de los enumerados en el artículo 6 de la ley de lavado de activos (narcotráfico, terrorismo, corrupción, trata, etc).
Dicha situación -que el dinero proviene de un delito- no puede presumirse, sino que debe ser acreditada.
Para concluir, el control cuantitativo que realiza la DGA al viajar al exterior, tiene como eje central la prevención de lavado de activos.
Por lo tanto, cualquier omisión de declarar una suma superior a los US$10.000 será objeto de una investigación por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), a los efectos de determinar su origen, así como también, a nuestro modo de ver, podrá constituir una infracción administrativa en los términos del artículo 892 y siguientes.

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