La violenta muerte del fiscal Alberto Nisman, la denuncia que este funcionario había planteado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ataques antisemitas de que fue objeto la Argentina en 1992 y 1994 son capítulos negros de la historia nacional que deben ser investigados hasta que no quede la más mínima duda sobre lo que ocurrió y hasta que los criminales no reciban su castigo.
Hace exactamente un año, entre el sábado 17 y el domingo 18 de enero de 2015, el fiscal Nisman murió de un balazo mientras se preparaba para informar ante el Congreso la denuncia penal que había formulado contra la entonces presidenta y su canciller Héctor Timerman por presunto encubrimiento de funcionarios iraníes, a raíz del Acta de Entendimiento firmada con el gobierno de Irán. Ese pacto, aprobado con mayoría estricta en ambas cámaras, admitía que el país resignara su jurisdicción y que una comisión de la verdad integrada con acuerdo de los dos estados evaluara las acusaciones contra ocho funcionarios de aquel país asiático y un terrorista libanés, realizadas por el Estado argentino.
El acta había sido declarada inconstitucional por la Justicia argentina. Nisman acusaba también a dirigentes kirchneristas, entre ellos, Luis D'' Elía y Andrés Larroque, de explícita vinculación con el chavismo venezolano y con el fundamentalismo islámico.
Todo lo ocurrido a partir de la muerte del fiscal Nisman exhibe una combinación de incompetencia, improvisaciones, urgencias por frenar a la Justicia y eventuales complicidades.
En primer lugar, la Justicia aún no dictaminó si Nisman fue asesinado, como sostiene su familia, o si se suicidó. Las sospechas acerca de las pericias realizadas en su departamento, la intervención de desconocidos en las computadoras y celulares de la víctima, la pasividad de los custodios que pasaron un día sin comunicarse con Nisman y la inactividad de las cámaras de seguridad en el edificio de Puerto Madero solo alimentan el descreimiento ciudadano en las instituciones.
La reacción del gobierno kirchnerista apenas ocurrida la muerte del fiscal mostró exclusivo interés en descalificarlo como persona, con supuesta documentación sobre su vida privada. En tanto no se vio ningún propósito de explicar la conducta de los espías, muchos de ellos muy cercanos al oficialismo de entonces, que siguieron al fiscal paso a paso durante su viaje por Europa y luego, tras su llegada al país.
El oficialismo intentó justificar el acuerdo con Irán y logró que la denuncia del fiscal Nisman fuera archivada sin análisis previo de las pruebas y sin citar a declarar a los acusados, algunos de ellos con antecedentes judiciales por hechos de violencia.
Nunca hubo, de parte de las autoridades nacionales, un gesto de condolencia hacia las hijas de Nisman.
Desde los atentados criminales contra la embajada israelí y la sede de la AMIA, en Buenos Aires, el Estado argentino no solo evidenció vulnerabilidad ante la agresión externa; quedó en claro que sus servicios de inteligencia solo contribuyeron a confundir y enrarecer cualquier investigación. Incluso, tras la muerte de Nisman, el gobierno anterior intentó culpabilizar a algunas figuras, como el famoso ingeniero Stiusso, que durante diez años habían gozado de la más absoluta confianza de la familia Kirchner. De hecho, el mismo Stiusso fue acusado en esos días por supuesto contrabando por el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, lo que no impidió que pudiera irse del país, probablemente a Estados Unidos.
Ninguna nación puede apuntalar su futuro institucional si admite la impunidad.
No hay explicaciones sobre estos hechos oscuros y delictivos. Esa es una mancha que acompañará la memoria del período kirchnerista; sin embargo, el Estado, ahora con un presidente de otro signo político, tiene la obligación indelegable de investigar y garantizar que se aplique la ley.
La muerte del fiscal Alberto Nisman es uno de los grandes hechos de sangre de la historia argentina, comparable a los asesinatos del senador Enzo Bordabehere (en 1935) y de Pedro Eugenio Aramburu (1970)
El gobierno de Mauricio Macri, la Justicia y el Congreso de la Nación tienen el deber patriótico de dar res puestas a tantos interrogantes.

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