La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso.
La decisión contó el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo a la prensa, que se trata del "fallo más importante" que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió un nuevo régimen que deberá encarar el gobierno entrante de Mauricio Macri, lo que queda pendiente en vistas de la asunción del próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.
El fallo determinó que son inconstitucionales los artículos 1§ inciso "a" y 4§ del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.
Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
El tribunal declaró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias de Santa Fe y San Luis por aplicación de ese decreto.
El máximo tribunal hizo lugar a demandas de Santa Fe y San Luis por el descuento de 15% sobre los impuestos coparticipables.
En su fallo, el tribunal explicó que la deducción fue dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para financiar la operatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias.
Esa deducción tampoco podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3§ de la Constitución Nacional.
Según publicó el Centro de Información Judicial, el tribunal explicó que al dictar el decreto, el Poder Ejecutivo había actuado sin autorización del Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al Presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.
A su vez, la Corte propuso atender "los aspectos sustanciales del régimen de coparticipación federal de impuestos, y los propósitos perseguidos a través de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, en cuanto al fortalecimiento del régimen federal y la posición de las provincias, y las mayores garantías respecto de la distribución de los recursos financieros y fiscales".
En ese marco, consideró que a la hora de examinar la validez constitucional de una detracción de recursos sobre la masa coparticipable se impone una interpretación restrictiva porque se encuentra en juego una facultad que afecta el sistema federal en su conjunto.
Cabe recordar que la Constitución Nacional de 1994 obligó a lograr la aprobación del Congreso nacional y de las provincias de un nuevo régimen antes del fines de 1996.
Las fallas
Se reconoce que el actual régimen tiene defectos tanto en el ámbito de los especialistas como de los dirigentes políticos. Entre las deficiencias está la ausencia de correspondencia entre lo que se gasta y se recauda. Las provincias cubren con los tributos que recaudan el 40% de sus gastos (algunas con menos del 20%), mientras que en los países de la OECD superan el 70%.
Lorenzetti marcó el rol de los jueces
Dos días después de la victoria de Mauricio Macri en el balotaje, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que será "necesario" cubrir las vacantes en el tribunal.
Su discurso fue pronunciado durante el tradicional brindis de fin de año con periodistas y directivos de los distintos medios de comunicación.
El magistrado defendió "la independencia" del Poder Judicial.
"No importa cuántos somos, los cambios de gobierno, lo que importa es que nos guiemos por la Constitución. Y eso trasciende porque no hay ningún gobierno que sea dueño del Estado social, de derechos, de derechos humanos, sino que todos los argentinos somos dueños de la Constitución y ese es nuestro proyecto", aseguró.
Lorenzetti, que tiene mandato hasta 2019, remarcó que el tribunal continuará actuando de forma independiente luego del recambio de autoridades en la Casa Rosada.
"La función de los jueces es ser guiados por la Constitución y las leyes, no por los cambios circunstanciales", dijo.
Cobertura de las vacantes
En su discurso de ayer, el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, consideró que es "muy necesario" que se cubran las dos vacantes que habrá en el cuerpo tras la renuncia de Carlos Fayt , quien dejará su cargo el 11 de diciembre próximo.
"La Corte hoy tiene cinco lugares, es muy necesario que sean integrados los dos lugares que faltan con el procedimiento constitucionalmente previsto", aseveró.
"No obstante estos cambios dentro, hemos hecho un esfuerzo para que el tribunal brinde estabilidad institucional y dicte sentencias como corresponde", dijo Lorenzetti,
Una gestión con crisis social y económica
El gobierno de De la Rúa, una gestión caótica y de incertidumbre, impuso la idea de la práctica de asignar recursos y controlar la administración a través del mecanismos férreos de no aumentar el déficit público.
Para ello, se reglamentó una serie de programas en el que todos los Estados provinciales estaban enmarcados en la austeridad fiscal.
Paralelamente, para mantener los compromisos internacionales de que esa austeridad se iba a dar en una administración pública con disciplina fiscal, se lanzó el Plan Nacional de Modernización del Estado.
En ese contexto se comenzó a recortar a las provincias sus partidas legítimas y naturales.
Con una suerte de tecnocracia en el Estado y de inequidad federal para con las jurisdicciones , empezó el recorte de partidas.
Se buscó, sin éxito y por vía de decretos, el cambio del esquema federal de coparticipación . Se pensó que las provincias tenían que ser un modelo de gestión por resultados.
La implementación de la administración de recursos por resultados supuso, equivocadamente, transformar el presupuesto en una herramienta de gestión.

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