¿Es posible hacer seguridad en serio sin capacidad de diagnóstico? ¿Es posible atacar los focos del delito si no se sabe a ciencia cierta dónde están? ¿Es posible diagramar una estrategia integral de seguridad si no se sabe a ciencia cierta lo que ocurre en el territorio? ¿Es posible marchar hacia un modelo integral de seguridad democrática sin tener en cuenta las inquietudes y la opinión de la ciudadanía? La respuesta es evidente. La respuesta es NO.
Por eso, reconstituir la capacidad estadística del Ministerio de Seguridad forma parte del proceso de recuperación de la institucionalidad que el gobierno de Cambiemos se ha propuesto. La formulación a presente y futuro de políticas de seguridad no puede hacerse a ciegas, orientados por la intuición y, mucho menos, en función de las "sensaciones" o el antojo de los gobernantes.
Resulta temerario asumir el desafío de generar e implementar políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones generales y particulares de la seguridad sin contar con datos estadísticos precisos sobre criminalidad. Para contar con esta información de manera científica, ampliando y complementando los datos sobre delitos que relevan y suministran sistemáticamente las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Nación suscribió, junto al Indec, un Convenio Marco de Colaboración. Dicho instrumento permitirá mancomunar esfuerzos y facilitar información censal y estadística a fin de ampliar las capacidades y fortalecer el desarrollo del Sistema Estadístico Nacional y el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas en la materia. El universo a encuestar será todo el país en base a una muestra de 40.000 casos que permitirá hacer inferencias nacionales y provinciales con mínimos márgenes de error.
Este tipo de investigaciones están orientadas a superar las omisiones de los registros oficiales para echar luz sobre diversas tipologías de delitos subregistrados sea por la irresponsabilidad de los tomadores de denuncias o por el temor o desinterés de las víctimas en llevarlas a cabo. Las encuestas de victimización nos aproximan de manera rigurosa a cifras más cercanas a la criminalidad real pues, uno de sus principales objetivos, consiste en superar los límites cuantitativos que surgen de los registros policiales consultando directamente a la población mediante muestreos probabilísticos.
El valor supremo de este tipo de investigaciones reside en la reducción al mínimo de la intermediación entre la ciudadanía y gobierno en lo que hace al suministro de información delicada. Estas encuestas abordan dos grandes núcleos temáticos: la victimización propiamente dicha y la subjetiva percepción de inseguridad. Preguntarles a los ciudadanos sobre su íntima percepción en lo que respecta a la seguridad parece mucho más democrático y razonable que decretar, con menosprecio, que la inseguridad es un invento de los medios o se trata solo de una "sensación". En 2009 el gobierno dejó de brindar deliberadamente información sobre estadística de criminalidad. Abandonó los relevamientos y dejó de investigar. Cuando las nuevas autoridades nos constituimos en el Ministerio de Seguridad nos encontramos con la ausencia de un mapa del delito y frente al desmonte liso y llano de sus capacidades estadísticas. Por eso, reconstituir la capacidad estadística del Ministerio es fundamental y el trabajo complementario junto al Indec constituye una importante noticia por tres razones básicas: porque el Estado se hace cargo del proceso, porque se amplía su mirada incluyendo directamente a la gente y porque así recuperamos institucionalidad. A mediados de 2017 los argentinos podrán conocer los resultados de este esfuerzo que, sin duda, redundará en replanteos y acciones concretas que mejoren al científico y verdadero anclaje social.

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Sección Editorial

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