De todos los derechos básicos universales, la vivienda es por lejos el más caro y complejo de acceder. Analicemos esto un segundo. A la educación y la salud, con mejor o peor calidad, se accede o se debería poder acceder sin incurrir en grandes gastos. El empleo formal no está garantizado de manera universal, pero mucha gente se las ingenia y consigue trabajar. Este sistema, con todas sus limitaciones permite, con esfuerzo y a veces de manera deficiente, cubrir los mínimos de alimentación o al abrigo. Padres y madres hacen magia. Pero el acceso a una vivienda carece por completo de garantías. La brecha entre la necesidad y la cobertura existente, sobre el cual se podrá construir una vivienda, está generada por un factor fundamental: el suelo.
El recurso del suelo existe, en especial en un país como el nuestro, pero no urbanizado y en condiciones de ser habitado. Asimismo, como es escaso y su oferta es inelástica, es muy caro y poco alcanzable para gran parte de la población. El mercado formal, al igual que con el resto de los derechos, cubre la parte de la necesidad que le es eficiente y redituable. El resto debe estar garantizado por un Estado que promueva los mecanismos de acceso, a través de la planificación, la gestión del suelo, o los incentivos para que el mercado actúe donde no vea ganancias.
Lo que está pasando con las estafas de Tierra y Hábitat en la adjudicación de lotes en Parque la Vega es un caso que muestra una gestión que intenta estar activa para reducir la brecha del acceso al suelo con servicios, mezclado con una función pública degradada, corrupta y dispuesta a enriquecerse, aprovechándose de una necesidad tan básica y tan fundamental. Es una extorsión directa a sectores marginados el negocio ilegítimo que se genera por cubrir la brecha del derecho básico más caro y menos garantizado de todos. Donde hay demanda hay oferta, pero cuando la oferta es escasa se permite jugar con las expectativas de la gente y vender, en este caso, escrituras en blanco.
Todo acto de corrupción sin importar su envergadura debería ser castigado por la sociedad y penado por la ley, pero como los sobreprecios o los desvíos de fondos no son visibilizados como plata que sale directamente de los bolsillos nuestros, hemos generado una tolerancia a la degradación política. No podemos tolerar que haya funcionarios dispuestos a sacar plata directamente del bolsillo de quien apenas cubre sus mínimos con sus ingresos. Merece que prestemos atención y nos indignemos con un enojo mayor que con muchas otras cosas. Imaginarse que un grupo de funcionarios estafen a cientos de personas para recibir un pago a cambio de ubicarlos en una lista, que se vendan ilegalmente lotes sociales a una familia o a más de una familia un mismo terreno, y ver que esa práctica persiste desde hace años en Salta, tiene que molestar más que otras cosas.
Me permito debatir otro lugar común de la corrupción, la simplificación de que son dos los responsables. La autoría mutua entre quien corrompe un sistema y quien se somete y participa, en este caso, pagando un canon de su bolsillo directo a la mano de un funcionario. La realidad es que la información es asimétrica. La responsabilidad también y, en este caso, al Estado le recaen ambas porque no se trata de un sobre para que una empresa gane una licitación ni de un avance de obra que no cumplía requisitos. No se puede poner en el mismo nivel a quien maneja las reglas del juego, que a quien se ve extorsionado con la única posibilidad de acceder a un pedazo de tierra. Debemos exigir al Gobierno una solución para los que están hoy viviendo en situación de vulnerabilidad y con miedo al desalojo en Parque la Vega, y a los que dejaron sus ahorros en los bolsillos de quienes prometieron un terreno. Necesitamos un Estado que garantice estos derechos, que sea transparente y permita que la ciudadanía participe y proponga mejoras.
De esta manera, estaremos más cerca de una sociedad más justa e igualitaria.

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Sección Editorial

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