Fue un trabajo coordinado y que, según Gómez Centurión, el titular de la Aduana en ese momento, sacó a la luz la mafia que opera en el sector. Bajo el cepo a las importaciones, miles de declaraciones juradas anticipada de importación (DJAI) se usaron para comprar dólares a valor oficial y fugarlos. Ahora ya no existen y fueron reemplazadas por el sistema integral monitoreo de importaciones (SIMI).
"Está muy claro que esta fue una manera de sacar dinero al exterior de modo muy barato", dijo el actual titular de la AFIP, Alberto Abad, al informar sobre la fuga al exterior de US$ 14.473 millones entre 2012 y 2015, durante el período de vigencia del cerrojo a las importaciones montado por el gobierno kirchnerista.
El mecanismo era sencillo: una empresa lograba la autorización para importar cierta mercadería y pedía al Banco Central las divisas para pagarla. Luego la operación no se realizaba o dicha DJAI se reutilizaba varias veces.
El importador así sacaba al exterior los dólares que había comprado a valor oficial, mientras la inmensa mayoría de argentinos tenía que pagar 30 o 40% más en el circuito informal.
La increíble suma de US$ 14.473 millones -equivalente a la mitad de las exportaciones agropecuarias de la Argentina-, surgió de una auditoría ordenada por el nuevo titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. ¿Qué se hizo? Un equipo liderado por Pablo Allieri comprobó si las DJAI emitidas por la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior durante la vigencia del cepo habían sido efectivamente canalizadas hacia operaciones reales. Es decir, si los dólares baratos vendidos por el Banco Central a los importadores se habían utilizado para pagar mercadería. La conclusión fue que el 6% de los US$ 225 mil millones importados por el país en esos cuatro años quedaban bajo sospecha. "Inconsistencias", fue la palabra utilizado por la AFIP.
En realidad, según fuentes aduaneras, ya se tiene establecido con claridad que hay por lo menos US$ 3.500 millones cedidos por el BCRA a diversas empresas para operaciones que rayan la ilegalidad, o bien porque la importación nunca se concretó (es el caso de DJAI emitidos por 907 millones), o bien porque el mismo permiso se utilizó en varias ocasiones, o bien porque se importó mercadería por 10 pero se solicitaban dólares para pagar por 50.
En conferencia de prensa, Abad y Gómez Centurión informaron en su momento que ya se había realizado la primera denuncia en el fuero Penal Económico, contra 55 importadoras que habían pedido US$ 395 millones al BCRA, pero nunca ingresaron la mercadería al país. Es el primer paso antes de una ofensiva que promete ser mucho más grande. En ese tiempo también se anunció que la Aduana pedirá a cada uno de las 17 mil sociedades involucradas que justifique su situación. A quien no pueda responder en 10 días les puede caber una denuncia semejante, que incluiría los delitos de contrabando, evasión, posible lavado de activos, y otros ilícitos del régimen cambiario.
Pasó el tiempo, Gómez Centurión fue separado de su cargo y hasta el momento la causa no avanzó nada, con el agravante que hace poco aparecieron contenedores con efedrina.
Inclusive Abad aprovechó para sugerirles a todos los que fugaron dólares por esta vía a que aprovechen el nuevo blanqueo para declararlos y pagar los impuestos que correspondan.

Cómo funciona el nuevo SIMI

Las diferencias con las DJAI empiezan más claramente a partir del segundo paso.
El nuevo sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI), que reemplaza a las criticadas DJAI, ya cumplió varios meses de implementación. ¿En qué consiste? La primera etapa del nuevo procedimiento para importar productos e insumos es idéntica a la que contemplaban las DJAI. El formato de presentación del pedido de importación, los datos a declarar, los estados que atraviesa la solicitud (oficializada; salida -o aprobada-; anulada; observada -o rechazada y cancelada), los organismos intervinientes, las destinaciones aplicables y los sujetos alcanzados son esencialmente los mismos a los del viejo sistema.
Por otra parte, no era en este punto en particular el que suscitaba críticas el viejo sistema. Las diferencias empiezan más claramente a partir del segundo paso. Las DJAI regían para todos los productos y en la práctica podía llegar a demorar tanto su aprobación que terminaban venciéndose, lo que era como un desincentivo para la importación en un momento en el que el Gobierno nacional buscaba limitar las importaciones para evitar la salida de dólares en un contexto de escasez de divisas. En cambio, el SIMI rige únicamente para 1.390 posiciones arancelarias, menos del 10% de todas las posiciones. En el nuevo sistema hay un monitoreo y se vuelve a un régimen de licencias automáticas (LA) y no automáticas (LNA). Bajo esta distribución, similar a la que había en 2011 antes del cepo cambiario y las restricciones a las importaciones, las LNA son para aquellos productos más sensibles para la industria nacional.


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