El triunfo de Donald Trump tiene consecuencias inesperadas en el tablero geopolítico. "Anuncio mi separación de los Estados Unidos en lo militar y también en lo económico. Estados Unidos perdió", había lanzado desafiante semanas atrás el presidente filipino Rodrigo Duterte delante del viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, y doscientos empresarios reunidos en un Foro Internacional de Negocios realizado en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, erigido en el imprevisto escenario de la mayor bofetada diplomática recibida por Washington en las últimas décadas. Pero cuarenta y ocho horas después de conocido el resultado de las elecciones norteamericanas, el pintoresco mandatario aportó una cuota adicional de confusión: "No quiero pelearme más porque Trump ha ganado".
Filipinas, un archipiélago descubierto por Fernando de Magallanes en 1520, fue una colonia española que hasta 1821 dependió del Virreinato de México, pero quedó bajo dominio norteamericano en 1901, como resultado de la guerra entre Estados Unidos y España, una contienda que le permitió al vencedor apropiarse también de Puerto Rico y forzar la independencia de Cuba.
Pese a su reconocimiento como estado independiente en 1946, Filipinas fue siempre vista por Washington como un virtual protectorado, más allá de sus vicisitudes políticas internas, signadas por la alternancia entre gobiernos civiles y regímenes dictatoriales. Las bases norteamericanas en Filipinas son una pieza central del dispositivo militar estadounidense en el continente asiático.
En su periplo por Beijing, Duterte selló un acuerdo estratégico con China que amenaza modificar el escenario geopolítico regional. Ambos gobiernos firmaron ambiciosos convenios de cooperación económica. Los empresarios filipinos no ocultan su avidez por el colosal mercado chino y Duterte espera atraer una oleada de créditos e inversiones chinas en infraestructura que le permitirían sacar al país del subdesarrollo e integrarlo al círculo de prosperidad de sus vecinos del Asia Pacífico.
Paradójicamente, en la campaña proselitista que lo catapultó a la primera magistratura en las elecciones de mayo pasado, Duterte había prometido endurecer la postura de Filipinas en el conflicto con China por el control de los Bajios de Scarborough, una de las zonas en disputa en el Mar de China Meridional, que Beijing había tomado por la fuerza en 2012, obligando al gobierno de Manila a recurrir ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Cuando en julio pasado el tribunal internacional falló a favor de Filipinas, en una sentencia que China amenazó desconocer, Duterte que en la campaña electoral se había comprometido a ir con una moto de agua a plantar una bandera filipina en los territorios en disputa, optó por negociar esa victoria. En vez de exigir el cumplimiento de la sentencia, abrió una instancia de diálogo. "Es mejor hablar que ir a la guerra. Queremos hablar de amistad, queremos hablar de negocios", dijo el mandatario filipino.
En contrapartida, Beijing empezó entonces por admitir el derecho de los buques pesqueros filipinos a faenar en esas aguas, en una zona donde los guardacostas chinos les habían prohibido el acceso desde la iniciación del conflicto. Esa flexibilización tiene una lógica de hierro.
Para Beijing, las discusiones sobre la soberanía del Mar de la China Meridional, que son una fuente de tensión diplomática con los Estados Unidos, constituyen una cuestión de relevancia estratégica. Por esas aguas circula un porcentaje fundamental de las exportaciones e importaciones chinas.

Principios vs. realidades

Con brutal pragmatismo, Duterte explotó esa imperiosa necesidad china de negociar con Filipinas para profundizar su confrontación con la Casa Blanca, que escaló hasta el paroxismo cuando llamó "hijo de puta" a Barack Obama, en respuesta a las críticas del mandatario estadounidense por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Filipinas en el marco de la feroz guerra contra el narcotráfico desencadenada por el gobierno de Manila.
En la campaña electoral, Duterte afirmó que lanzaría una ofensiva contra el crimen organizado tan dura que "habrá tantos cuerpos flotantes en la bahía de Manila que los peces van a engordar". En este punto, sí cumplió cabalmente su promesa. Desde que asumió, en junio pasado, se contabilizan cerca de 4.000 presuntos delincuentes muertos en operativos policiales y parapoliciales. A tal efecto, garantizó a los efectivos policiales que no serían procesados penalmente por la muerte de "sospechosos" que intentaran "resistir" un arresto.
Duterte ya había liderado una cruzada semejante durante los 22 años en que se desempeñó durante siete períodos consecutivos como alcalde de la ciudad de Davao, en la que prohibió el expendio de bebidas con alcohol en determinadas horarios, instaló cámaras de circuito cerrado de televisión como sistema de vigilancia callejera y estableció estrictos límites a la velocidad de los vehículos. Esa política de "tolerancia cero" le valió el apodo de "El Castigador", como es conocido hoy a nivel nacional.
Para concentrar las energías gubernamentales en la lucha contra la delincuencia, Duterte inició en Oslo negociaciones de paz con los guerrilleros comunistas que desde hace décadas ocupan algunas islas del archipiélago. Las conversaciones en la capital noruega ya condujeron a un alto el fuego y la liberación de 22 de los 500 combatientes presos. No es entonces extraño que el Partido Comunista filipino respalde públicamente la ruptura con los Estados Unidos.
En cambio, el gobierno de Manila intensificó su lucha contra el terrorismo islámico, encarnado por Abu Sayyaf, una organización creada por ex combatientes de Afganistán, que en junio pasado juró lealtad al ISIS. La población filipina, que asciende a 100 millones de habitantes es mayoritariamente cristiana, pero existe una significativa minoría musulmana, concentrada en la región meridional, que periódicamente experimenta brotes independentistas.
China, que nunca manifestó preocupación por la defensa de los derechos humanos, le garantiza a Duterte inversiones y "manos libres" para sus tácticas de confrontación contra la delincuencia y el terrorismo islámico, muy criticadas en Occidente. Filipinas se ofrece a restar su apoyo a Estados Unidos en una zona que Obama consideraba de valor estratégico para Washington.
El giro discursivo de Duterte, a quien algunos medios periodísticos internacionales habían bautizado precisamente "el Trump del Oriente", se funda en la presunción de que el nuevo mandatario norteamericano no guarda ante las prácticas de Duterte las prevenciones de Obama.

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