El Senado, como se esperaba, en la madrugada del jueves aprobó con amplia mayoría para el oficialismo la ley que habilita el pago de los así llamados "holdouts". Queda así cerrada una etapa que comenzara luego de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, cuando la Argentina ingresó en default; luego, se prolongó con la negociación incompleta de 2005 y 2010 en la que quedaron compromisos de deuda externa pendientes.
"Hold out" significa en inglés "quedarse afuera" y en economía define a los tenedores de títulos vencidos que no aceptan los términos de una renegociación.
Vale la pena destacar que la Argentina desperdició largos años de posibilidades de crecimiento por pretender, cuando se decidió pagar solamente el 25% de la deuda, imponer unilateralmente condiciones de pago ante contratos que requieren consensos, no sólo al firmarse, sino también cuando no se quiere o puede mantenerlos en su condición original.

¿Qué sigue ahora?

Sin duda, a nadie escapa que la aprobación de la ley era algo cantado, si se tiene en cuenta que resultaba absolutamente indefendible oponerse a pagar algo que la Argentina en su momento consintió y que la ley a la que se sometió le ordenó reiteradamente hacerlo.
En cambio, más interesante es imaginarse el paso siguiente, porque la Argentina, con el sinceramiento de su deuda externa pendiente, no ha hecho más que cerrar un frente de conflictos, pero en absoluto ha resuelto sus problemas de coyuntura y muchos menos, los de tipo estructural, que son muchos y muy severos.
Por otra parte, tampoco se sabe en qué medida el gobierno aprovechará el escenario favorable que se le presenta para atacar los problemas de fondo, o se 'dormirá en los laureles', como tantas otras veces ha pasado en otros gobiernos.

El menú de problemas económicos

Obviamente, el principal problema que enfrenta la Argentina, es el de la inflación. Sería injusto dejar de reconocer que en los escasos meses del gobierno actual se han dado pasos importantes para atacar de raíz el problema, a través de medidas monetarias que han reducido drásticamente la moneda en circulación, y también medidas fiscales, con importantes ahorros de personal redundante, un reordenamiento de gastos y reducción de subsidios injustificados.
También, del lado de los componentes del costo de la inflación, se ha conseguido estabilizar el tipo de cambio, a la vez que la discusión salarial se ha logrado encaminar dentro de un marco de razonabilidad, lo que ha contribuido a quebrar expectativas inflacionarias provenientes de estos sectores.
Sin embargo, no es menos cierto que la inflación se mantiene en una nueva meseta, más alta que la de meses anteriores, a la vez que los ajustes pendientes en el resto de los servicios públicos, junto a probables nuevos aumentos en el precio de los combustibles, mantienen expectativas negativas por este lado, lo mismo que malhumor social.
Sin perjuicio de esto, y sin agotar el conjunto de temas pendientes en materia económica, no es menos grave el escenario que presentan las provincias, con severos desequilibrios en casi todas ellas y rémoras considerables en su obra pública, a lo que se suma el cada vez más impostergable debate pendiente sobre una nueva ley de coparticipación.
Por su parte, a la escala nacional, la performance del gasto público requiere un reacomodo no menos urgente, no sólo por la obvia cuestión del abultado déficit fiscal y su impacto inflacionario, sino por cuestiones elementales de eficiencia en su prestación, traducida en una seguridad que reduzca el delito, un papel de la educación que le otorgue un giro copernicano a la decadencia imperante y una atención de la salud con más acierto hacia los graves problemas existentes, especialmente en la niñez.
Sin agotar la problemática económica, urge también afrontar la severa crisis energética y de infraestructura.

¿Qué hará el Gobierno?

Obviamente, no puede saberse qué hará el Gobierno, pero el autor de estas líneas cree que honrará su compromiso de reunir recursos externos para financiar un gran plan de obras públicas, con probable énfasis en la infraestructura -el Plan Belgrano, por ejemplo- y en una reforma administrativa y del ANSES, junto con probables propuestas para comprometer a las provincias en estos cambios.
Aunque menos predecible, el sector privado probablemente acompañe también esta tónica inversora, tanto en términos de inversión doméstica como internacional.
Si se diera todo esto, la Argentina conocería una corriente de ingresos de capitales en concepto de inversión directa -en fábricas- cuyo antecedente inmediato habría que buscarlo en el gobierno de Arturo Frondizi.
Esto, naturalmente, generaría un importante incremento en la demanda de trabajo y una consiguiente fuerte corriente de aumento en los ingresos reales de la población, lo que a su vez sería virtuoso para la economía porque engrosaría también los ingresos fiscales y descomprimiría las presiones inflacionarias originadas en el agigantado gasto público.
Sin embargo, esto de por sí sólo no reduciría las presiones inflacionarias provenientes de sectores concentrados, que han crecido en los últimos años al amparo del cierre de la economía.
La razón es que el aumento en la actividad económica y la mayor demanda de la población les permitiría a estos sectores imponer nuevos aumentos de precios. Es por lo tanto muy importante que el gobierno encare de una vez por todas una apertura de la economía orientada a incrementar la oferta de productos concentrados, sea en el sector de alimentos, o de insumos críticos, para que el despegue de nuestra economía no se frene ni desvirtúe por una inflación que se resiste a bajar.
En ausencia de esta iniciativa, el problema de la inflación se mantendrá, más allá del alivio de las presiones monetarias y fiscales, o del lado de los costos, en términos de tipo de cambio y salarios que puedan irse logrando y sin menoscabo de lo importante que éstos son para el combate de la inflación.

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