*

Fondos buitre: demandan al presidente Macri
La asociación civil Instituto Arturo Sampay denunció ayer al presidente Mauricio Macri y al resto del gabinete, por el acuerdo firmado con los fondos buitre .
Se advirtió que el convenio podría disparar demandas equivalentes a la totalidad del PBI argentino.
La denuncia, que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello, alcanza también a senadores y diputados nacionales que puedan haber tenido "autoría o participación" en la negociación.
La demanda fue presentada por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del Instituto Sampay por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales.
Casanello recibirá la denuncia y luego deberá convocar a los abogados a ratificarla para posteriormente dar vista a la Fiscalía para que determine si corresponde o no impulsarla.
La presentación fue hecha en los tribunales federales de Comodoro Py del barrio porteño de Retiro, y los abogados estuvieron acompañados por manifestantes que esperaron en el ingreso del edificio.
En un documento que se adjunta a la denuncia advierte que si se concreta el pago en los términos acordados el país se endeudaría en 384 mil millones de dólares, considerando eventuales demandas de los bonistas que participaron del canje en el 2005 y el 2010.
Alerta también sobre la posibilidad de una eventual ola de juicios el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que sostuvo que "las condiciones mucho más favorables que se les reconoce a los fondos que no adhirieron a ninguna de las dos instancias de reestructuración y eligieron el camino judicial podría disparar demandas legales".
Explica el estudio que estas demandas tendrían como propósito que la Argentina les reconozca la diferencia respecto del recorte del 67 por ciento que aceptaron sobre el capital e intereses en la operación de lo que se ofrece a los otros holdouts.
La experta en Derecho Económico y exjueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Stella Maris Biocca, consideró que a futuro "esta responsabilidad del Estado va a tener un costo muy grande que puede llegar a los US$ 500.000 millones".

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Debe iniciar sesión para comentar

Importante ahora

cargando...