La crisis venezolana entró en una nueva fase, quizás la última antes del estallido final. La descomposición del gobierno de Nicolás Maduro y el avance de la ofensiva opositora que reclama su destitución hacen que la cuestión haya ingresado en la agenda de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se discute la aplicación de la Carta Democrática violada por el régimen "chavista", mientras circulan versiones sobre una creciente inquietud militar y arrecian rumores sobre una gestión oficiosa del Papa para conjurar el peligro de un baño de sangre.
En apenas 48 horas, la oposición juntó varias veces más firmas que las necesarias para promover el "referéndum revocatorio" previsto por la "constitución bolivariana" como mecanismo idóneo para la remoción presidencial.
Para ganar tiempo, el presidente Nicolás Maduro impugnó la autenticidad de las firmas.
Diosdado Cabello, un militar retirado que fue presidente de la Asamblea Nacional hasta el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas del año pasado y en tal carácter era considerado como el "número dos" del régimen, fue más allá y dijo que "no hay ninguna posibilidad de que el referéndum revocatorio tenga lugar este año".
Pero la chicana procesal tiene poco sustento.
Más temprano que tarde, el Gobierno se verá legalmente obligado a convocar a la consulta popular, que en las actuales circunstancias equivale a un suicidio político: todas las encuestas indican que la inmensa mayoría de la opinión pública quiere el reemplazo del presidente Nicolás Maduro.
La imagen presidencial empeora al compás del agravamiento de la crisis económica.
La tasa de inflación supera largamente el 200 por ciento anual y el desabastecimiento de productos de primera necesidad incrementa la disconformidad social.
Para afrontar el desafío, el Gobierno tomó decisiones inéditas como limitar a dos días por semana (lunes y martes) el funcionamiento de la administración pública, para reducir el consumo de energía. Venezuela es un "Estado part time".
La oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha ganado en consistencia política.
Las diferencias entre el ala negociadora, encabezada por Henrique Capriles (gobernador del estado de Miranda, el de mayor población del país), y la corriente más radicalizada, que lidera desde la cárcel Leopoldo López, tienden a reducirse.
Capriles y los suyos se volcaron decididamente a favor del referéndum revocatorio.
López, quien descreía de la viabilidad de una alternativa institucional y consideraba que las movilizaciones callejeras eran el único camino efectivo para el derrocamiento del régimen, visualiza hoy la posibilidad de una variante menos traumática.
Henry Ramos Allup, quien sucedió a Cabello como titular de la Asamblea Nacional, es el principal artífice de esa unidad opositora.
Allup, un político veterano con una larga experiencia parlamentaria, supo manejar hábilmente los tiempos y congeniar su temperamento conciliador con la energía necesaria para motorizar un conjunto de decisiones legislativas que acorralaron a Maduro y lo colocaron al borde de la ilegalidad.

Agitación en los cuarteles

Fue precisamente Allup quien detonó una bomba política al revelar que varios altos jefes militares habrían advertido a Maduro que las Fuerzas Armadas no asumirían el costo de la represión a una eventual nueva oleada de manifestaciones antigubernamentales ni a posibles saqueos provocados por el desabastecimiento de alimentos.
El clásico hermetismo castrense torna extremadamente difícil trazar un cuadro de situación sobre la actual relación de fuerzas en el Ejército venezolano, erigido en la última base de sustentación de Maduro.
La foto de un miembro de la Guardia Nacional, vestido de uniforme, firmando el pedido de referéndum revocatorio se viralizó en las redes sociales.
Las versiones más difundidas aluden al general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior de Maduro y antiguo compañero de armas de Hugo Chávez, como el líder en las sombras de una facción militar que pretendería un recambio dentro del régimen. Rodríguez Torres pertenece al núcleo fundador del "chavismo".
Acompañó al expresidente en la fracasada asonada militar del 4 de febrero de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que constituyó el estreno de Chávez en la arena política.
Según el sociólogo alemán Heinz Dieterich, uno de los ideólogos de Hugo Chávez y conocedor de la trastienda del régimen, "la fracción del general madurista Padrino López (actual Ministro de Defensa) reafirma la política de "ni un paso atrás" y el grupo del general chavista Rodríguez Torres aboga por la política de la retirada táctica: una solución política negociada con las fuerzas de la oposición".
Dieterich suscribe la postura de Rodríguez Torres: "La crisis energética es el gran catalizador de la crisis económico-política, que hace imposible defender por más tiempo la plaza".
En un tono elíptico, Rodríguez Torres descalificó las versiones periodísticas pero no desmintió sus ambiciones presidenciales.
Señaló sí que "hay que entender que el presidente Chávez no está y que tiene que haber cambios.
Esto se veía venir desde 2013. En ese momento el presidente Nicolás Maduro debió tomar las medidas económicas”.
En su cuenta en Twitter, agregó que “todos los sectores son importantes”, una frase misteriosa que fue interpretada como a favor de un entendimiento con la oposición.
En un clima atosigado de rumores alarmistas, que llegan a fijar el mes de mayo como la fecha límite de un golpe militar, también se menciona como sucesor de Maduro al general Hebert García Plaza, hasta hace unos meses Ministro de Transportes e íntimo amigo del primer mandatario, con quien solía jugar al béisbol.
Para abonar esa versión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, informó que García Plaza está siendo buscado por acusaciones de corrupción.

¿El Vaticano en acción?

En los medios diplomáticos de Caracas, se habla de la existencia de secretas gestiones internacionales, sin la participación de Estados Unidos, para acordar una transición política. Constitucionalmente, si Maduro renuncia dentro de los primeros cuatro años de su mandato de seis, debe convocarse a elecciones en el plazo de treinta días.
Si la dimisión se produce en los dos años finales, el vicepresidente completaría el mandato.
Esto implica que si el presidente dura en el cargo hasta abril de 2017, el “chavismo” podría postergar las elecciones presidenciales hasta el año 2019.
Esa segunda variante sería la preferida por Cabello para acceder a la primera magistratura, porque sabe que en estas condiciones jamás podría ganar una elección.
Esto lo obligaría a ganar tiempo y explicaría su afirmación sobre que no hay ninguna posibilidad de que el referéndum revocatorio tenga lugar este año.
También se menciona una presunta conversación, supuestamente celebrada en La Habana, entre Maduro y su colega cubano Raúl Castro, en la que se habría analizado la conveniencia de dar un paso al costado ante la insostenible situación económica y la posibilidad de un estallido social.
La opinión de Raúl Castro puede resultar decisiva para Maduro: su custodia personal está integrada por oficiales del servicio de inteligencia cubano.
La confirmación de que el Papa Francisco había enviado una carta personal a Maduro fortaleció la presunción de que el Vaticano podría tener un rol central en esas negociaciones reservadas, tal cual ocurrió con el acercamiento entre Washington y La Habana.
El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Paolo Parolin, quien fuera Nuncio Apostólico en Venezuela, sería uno de los artífices para una solución negociada, secundado en Caracas por el actual Nuncio Apostólico, monseñor Aldo Giordano.
Estas gestiones contarían con la colaboración del secretario general de la OEA, el excanciller uruguayo Víctor Almagro, y del secretario de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper.
La aceleración de la crisis determina que esa búsqueda de una solución negociada sea una desesperada carrera contrarreloj.

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