En seis años, el rionegrino Raúl Vertúa dejó de ser un desahuciado empresario del transporte, acusado de quiebra fraudulenta en Neuquén, para mezclarse entre los zares de la obra pública. Su trepada empezó en marzo de 2014, cuando asociado con JCR, la empresa de Juan Carlos Relats, fallecido inquilino de los hoteles patagónicos de la familia Kirchner, se quedó con las obras de ampliación del Gasoducto Patagónico.
De hecho, la expresidenta Cristina Fernández encabezó el acto en el que Julio De Vido y el hoy encarcelado José López firmaron la adjudicación de los trabajos.
Las obras, presupuestadas originariamente en $197 millones, están paradas en Río Negro y su retraso dio pie a redeterminaciones de precios que triplicaron su costo a casi $600 millones.
Esa es la empresa a la que Enarsa, la estatal de energía subordinada a las decisiones de De Vido, le entregó las obras del primer tramo del Gasoducto del NEA, en Salta, con un sobreprecio del 77%.
En febrero último, Córdoba adjudicó a empresas chinas, la brasileña Odebrecht y las argentinas Iecsa y Electroingeniería una red de gasoductos troncales valuados en $9.000 millones.

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Mientras la provincia que gobierna Juan Schiaretti pagará 58 dólares el metro/pulgada, la valuación de los tramos del Gasoducto NEA que Enarsa contrató en 2014 en Salta (Vertúa) y en Formosa (Vertúa y JCR) promedia en 103 dólares el metro/pulgada.
El índice que utiliza el Banco Mundial para estimar el costo medio de los gasoductos expone una abismal diferencia de precios, aunque los montos presupuestados en Córdoba también superan los valores publicados por la entidad multilateral de crédito para la región. Según ese indicador, conocido como "Rule of thumb" (Regla del pulgar), el costo actual de un gasoducto se ubica cerca de los 35 dólares por cada pulgada de diámetro y por cada metro de longitud.
El primer tramo del Gasoducto del NEA fue adjudicado a Vertúa por $1.280 millones. Son 236 kilómetros desde Campo Durán -donde debería empalmarse con el Gasoducto Juana Azurduy, que baja desde la localidad boliviana de Yacuiba- hasta el límite con Formosa.
Retirada
Vertúa abandonó las obras el 4 de diciembre de 2015, en medio de conflictos sociales que, se sospecha, fueron promovidos por la propia contratista, con activistas pago de la agrupación Quebracho, según testimonios incluidos en un informe del programa Periodismo para Todos, de Canal 13.
Antes de retirarse, con los trabajos a medias y ejecutados con prácticas deplorables, Vertúa cobró $733 millones y el 9 de diciembre de 2015, un día antes del cambio de gobierno, reclamó otros $538 millones por actualización de costos y supuestos incumplimientos de Enarsa. El actual presidente de esa empresa estatal, Hugo Balboa, ordenó una auditoría que recién arrojaría un informe en cuatro meses.
Mientras tanto, nada se sabe, a ciencia cierta, sobre el avance de las obras ni la continuidad del proyecto más costoso de los últimos 50 años en Argentina. En su última sesión, la Cámara Baja provincial, por iniciativa del diputado Jesús Ramón Villa, aprobó un proyecto en el que pidió a los legisladores nacionales de Salta que apuren pedidos de informes desde el Congreso.
Según auditorías preliminares volcadas en el informe "El estado del Estado", que se publicó en el sitio de la Presidencia de la Nación en junio, la construcción del Gasoducto del Noreste "se planificó sin ningún estudio de factibilidad" y los costos aprobados para su construcción "estaban fuera de los valores de mercado".
Según ese informe, un acuerdo entre el gremio de la construcción (Uocra) y contratistas, del que no participó Enarsa pero que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, aumentó el costo de las obras en $419 millones. Se hizo notar que "comunidades nativas de Salta reclamaron $32 millones para la resolución de conflictos sociales".

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