Gils Carbó y los postulados con que se recordará al kirchnerismo

Daniel Nallar

Daniel Nallar Abogado .

Gils Carbó y los postulados con que se recordará al kirchnerismo


La década kirchnerista dejó "medidas" acertadas y equivocadas. Para algunos serán más las acertadas y para otros serán más las equivocadas. Existen familias de todas las clases sociales que se beneficiaron con esas medidas y otras, también de todas las clases sociales, fueron perjudicadas. Pero no son esas medidas las que identifican el gobierno kirchnerista, no son esas medidas las que recordará la historia, ni son las que marcarán, para bien o para mal, el futuro de la Argentina.
Por el contrario, a la par de las "medidas" (meros instrumentos), es posible identificar los "postulados" del régimen kirchnerista, los principios de actuación de sus funcionarios, los fines y objetivos que tenían en mira cada vez que adoptaban una "medida" o "decisión".
Esos sí, serán recordados por la historia.
Marcarán, en el futuro, las decisiones y acciones del pueblo argentino. Los hará prudentes y pensantes, advertidos y temerosos. Esos "postulados" del kirchnerismo sí estarán en los libros de historia.
Son tres postulados básicos, de los que pueden derivarse otros complementarios.
El primero de ellos indica: "La ignorancia es la base de la esclavitud, la esclavitud asegura la dominación y la dominación sustenta el poder". Bajo este postulado el kirchnerismo creó un gigantesco sistema de subsidios y desatendió la educación, limitando los recursos y deformando los planes de estudio. Como muestra basta un dato: el presupuesto para infraestructura en educación en 2003 era de 6.600 millones de pesos y el presupuesto para subsidios del mismo año era de 3.200 millones de pesos. 12 años después, en 2015, el presupuesto para infraestructura educativa es de 69.000 millones de pesos y el destinado a subsidios sociales es de 320.000 millones de pesos.
El segundo postulado dice: "Los impuestos deben asfixiar al contribuyente sin matarlo y la estructura de recaudación debe generarle temor sin expulsarlo del sistema".
Es mucho lo que explica este postulado kirchnerista, pero dos datos son claros y terminantes: a) se desmanteló el Tribunal Fiscal de la Nación (único órgano independiente donde un ciudadano podría discutir contra el Estado la legalidad de un impuesto) y lo reconstruyó con militantes del régimen;
b) creó un inmenso sistema de datos personales y confidenciales que sólo maneja el Estado.
El tercer postulado dice: "Ningún presidente es poderoso con un Poder Judicial independiente". Bajo esta premisa, el régimen kirchnerista se abalanzó (literalmente) sobre los jueces de la República y, especialmente, sobre los fiscales, sin cuyo trabajo los jueces ven muy limitadas sus posibilidades de llegar a "la verdad" en cada caso.
No por nada, el 15 de julio de 2015 la Asociación de Magistrados de la República Argentina, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Federación Latinoamericana de Magistrados, con la adhesión de numerosas cámaras y asociaciones civiles y más de 10.000 personas que los acompañaron, se lanzaron a las calles en busca de frenar lo que el kirchnerismo denominaba "proceso de democratizacón de la Justicia", en cuyo nombre había comenzado una serie de amenazas a jueces y fiscales, denuncias, suspensiones e investigaciones vía AFIP.
El 23 de octubre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al Gobierno Argentino a una audiencia para pedir explicaciones sobre la parálisis del Consejo de la Magistratura, presiones al juez Carlos Fayt, expansión del número de jueces transitorios "subrogantes" y otras decisiones que generaban temor e impedían trabajar a jueces y fiscales (caso Fayt, Cabral, Righi, Campagnoli, etc.).
¿Qué hizo el Gobierno Kirchnerista con la Audiencia?. No fue...
El régimen kirchnerista ha iniciado un dañino y descarado proceso de opresión y represión del poder Judicial. Ese proceso tuvo autores ideológicos y autores materiales. Algunos decidían que un fiscal no debía estar vivo al día siguiente y otros se ocupaban de que así sea. Algunos decidían que otro fiscal sea suspendido y otros le iniciaban sumarios de investigación que terminaban arbitrariamente en la suspensión decidida. Algunos decidieron una jueza no actuara en una causa donde había funcionarios investigados y al día siguiente esa jueza recibió amenazas de AFIP y su padre fue difamado por su pasado militar. Entre los que ejecutaban estaban o están Guillermo Moreno, Ricardo Echegaray, Alejandro Vanoli, Oscar Parrilli, Martín Sabatella y el ex ministro de Corte Zaffaroni. Pero había alguien más: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La Procuradora integra el Ministerio Publico, órgano contemplado en el artículo 120 de la Constitución Nacional que tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.
Gils Carbó llegó al cargo desde la militancia y con un cuestionado y poco transparente procedimiento que expulsó del cargo al anterior Procurador Esteban Righi por investigar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Bajo su mandato se emprendieron investigaciones, se suspendieron numerosos funcionarios de su ministerio e iniciaron fallidos juicios políticos contra jueces y fiscales. Apoyó la ley de subrogancias judiciales y fue un engranaje en el macabro "plan Nisman", obstruyendo la investigación y avasallando las potestades constitucionales de distintas autoridades que intervenían.
Por eso, nada más y nada menos que por eso, Gils Carbó debe renunciar a su cargo. Porque Argentina necesita limpiarse. No de las medidas "kirchneristas" (las puede haber buenas o malas) sino de cada uno de los tres "postulados" del régimen kirchnerista.

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