Ante las recientes intervenciones de la Justicia Federal en los conflictos entre los gremios municipales, varios de ellos se manifestaron ayer en contra de la dilación a la aplicación del derecho a la libertad sindical, y también requirieron la definitiva supresión del convenio colectivo de trabajo suscripto por la Unión de Trabajadores Municipales con el Ejecutivo municipal. Además, repudiaron que el expediente del caso haya caído en manos de la camarista Mariana Inés Catalano, esposa de Javier David, a quien le endilgan afinidades con Pedro Serrudo, el titular de la UTM.
Los referentes de la Agremiación de Empleados Municipales (Ademus), de la Asociación de Trabajadores Municipales (Atmps), del Sindicato de Municipales (Simusa), del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC), se reunieron ayer para mancomunar su disconformidad con la situación judicial. "No vamos a permitir que le sigan metiendo la mano en el bolsillo a la comunidad y a los empleados municipales para beneficiar a un gremio", enfatizaron apuntando a la UTM.
"Se tiene que respetar la libertad sindical, somos muchos gremios que representamos a una gran cantidad de trabajadores, es inadmisible que estén obligados a hacer aportes a la UTM y que no podamos formar parte de las negociaciones paritarias", resaltaron en una conferencia de prensa celebrada en la sede céntrica de Ademus.
Advirtieron que si la jueza Catalano, de la Cámara Federal de Apelaciones, no se aparta de la causa y si persiste el avasallamiento a los fallos precedentes que los favorecen, convocarán paros y movilizaciones para la semana próxima. "No puede ser que falten elementos de trabajo para los compañeros pero que Serrudo siga llevándose dinero ilegítimamente de la caja municipal". Recordaron que justamente ayer, los trabajadores de la Subsecretaría de Control Comercial se encontraban en su segundo día de quita de colaboración en reclamo por la falta de indumentaria y móviles.
La cronología
Tiempo atrás, la Agremiación de Empleados Municipales (Ademus) presentó un pedido de anulación del convenio en el que acusaba al Ministerio de Trabajo provincial y a la Municipalidad por sus actuaciones discrecionales en favor de la UTM. La presentación también englobaba el reclamo de reconocimiento de la libertad sindical, antes restituido por jurisprudencia nacional y por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La libertad sindical implica atribuir igual legitimidad como entidad de representación a todas aquellas que tengan al menos inscripción gremial.
En primera instancia del fuero federal, el juzgado interviniente fue el que encabeza Leonardo Bavio, que falló a favor de Ademus en los primeros días de abril. De esta forma, declaró inconstitucional puntos del convenio, lo cual redundó en la prohibición a que se le derive el 1% de la nómina salarial total a la UTM -en valores actuales unos 600 mil pesos mensuales-, e hizo lo propio con el 1,5% que todos los empleados municipales estaban obligados a dar al sindicato de Serrudo en carácter de "aporte solidario" -unos seis millones al año-.
Asimismo, el Juzgado Federal N§1 se pronunció a favor de que todas las entidades gremiales, con la sola condición de tener inscripción tengan rango de representatividad en las negociaciones con el Ejecutivo comunal. La inscripción gremial tenía menor rango que la personería hasta que sentencias y recomendaciones de la OIT le reconocieron la misma valía como organismo de representación de trabajadores. Todo lo resuelto iba en detrimento de los intereses de la UTM, que hasta entonces había tenido la plena hegemonía en lo que a institucionalidad sindical de los municipales refiere.
Seguidamente, la UTM solicitó formar parte de la causa para poder apelar, a pesar que el litigio sólo incluía a Ademus y otros gremios adherentes contra la Municipalidad y el Ministerio de Trabajo. Se dio lugar al pedido, entonces la UTM avanzó en la presentación de una apelación al fallo inicial de Bavio y por ello la causa cayó en manos de Catalano, magistrada de segunda instancia.

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