Las personas condenadas por la Justicia por delitos contra las personas, como los abusos sexuales u homicidios, serán inscriptas en un registro provincial que se habilitará en días. Sus datos genéticos, además, serán incluidos en un banco de información.
La semana pasada finalmente se decretó la creación del Registro Provincial de Condenados vinculados a Delitos contra las Personas y contra la Integridad Sexual, que estará bajo el dominio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comandado por Pamela Calletti.
La misma reglamentación pauta la puesta en marcha del Banco de Datos Genéticos, que estará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, tutelado por Pablo López Viñals.
Esta tarde arribará a la capital salteña la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La funcionaria inaugurará una sede local de la Procuración de Narcocriminalidad.
El decreto 734 fue publicado el 7 de junio en el Boletín Oficial y se firmó el pasado 24 de mayo. Esta decisión reglamenta una ley sancionada el 25 de junio de 2013, la 7.775. Esa norma estaba congelada desde aquel momento, en contra de lo que estipulaba su artículo trigésimo: "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días contados a partir de su promulgación".
La norma fue promulgada el 22 de julio del año de su sanción; sin embargo, la reglamentación llegó 1.037 días después, el 24 de mayo de 2016.
En la situación de los abusos y violaciones tiene índices preocupantes. Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de víctimas de violación en Salta es de 27,5 cada mil habitantes, mientras que a nivel país es de 8,7. La tasa salteña por otros delitos contra la integridad sexual también tiene una brecha con la del país: 42 contra 31. En la provincia, por cierto, rige la declaración de emergencia por la cantidad de casos de violencia de género.
Calletti reconoció que la demora fue excesiva, aunque excusó la dilación apuntando que debían garantizarse condiciones mínimas como servicios informáticos y capacitación para que la creación no sea en vano. "La intención no fue solo anunciar la creación de un registro, sino crear uno que funcione realmente", dijo.
El registro servirá para agilizar los procesos de pesquisición en causas penales contra las personas y la integridad sexual y para elaborar estadísticas que sean insumo para políticas públicas. La ministra destacó esto último, asegurando que serán cifras reales, ya que se tratará de casos con fallo.
La funcionaria remarcó que estas herramientas agilizarán mucho los procesos de pesquisición, puso como ejemplo el caso de los violadores, que generalmente cometen más de un abuso. Con su perfil genético se podrá resolver de forma más acelerada la cantidad de víctimas a las que atacó.
En el artículo segundo de la ley 7.775 consta que "el registro tiene por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación penal vinculada a los delitos contra las personas cometidos en la provincia".
La ministra Calletti reconoció que el registro aún no está en marcha, aunque anticipó que en los próximos días ya se empezará a trabajar con jueces y fiscales para que informen sobre los fallos que comprendan la tipología de delitos que se intenta registrar.
"El registro tiene por fin facilitar el esclarecimiento de los hechos. Se registrará a los condenados por homicidio y contra la integridad sexual. Este es un primer paso muy valioso, pero la idea es avanzar” Pamela Calletti, ministra de Justicia y Derechos Humanos
Los considerandos del decreto de reglamentación publicado hace algunos días apuntan que "la finalidad del registro consiste en reunir ciertos datos específicos de aquellas personas que han sido condenadas por delitos contra las personas y la integridad sexual, y proporcionar la información necesaria solamente a requerimiento de jueces, tribunales y fiscales para el esclarecimiento de hechos que sean objeto de investigación penal".
Los datos reunidos, que incluyen perfiles genéticos de los condenados, serán confidenciales y de uso exclusivo de los agentes de justicia que encabezan procesos de pesquisición.
"Todas aquellas personas condenadas por homicidio, instigación al suicidio y contra la integridad sexual serán registradas en un centro de datos que no será de acceso público, sino que servirá para facilitar las investigaciones penales", reafirmó al respecto la titular de Justicia y Derechos Humanos.

También las víctimas

Calletti aclaró que los datos que se recopilarán serán tanto de los condenados como de las víctimas, aunque no se registrarán a través de identidades sino que se los individualizará mediante códigos alfanuméricos.
Consultada por el tema presupuestario, dijo que aún no tiene decidido de cuánto será y explicó que para el funcionamiento en lo que resta de 2016 se harán adecuaciones presupuestarias desde su cartera. Aseguró que no se necesita demasiado dinero, y que lo realmente costoso, por sus equipamientos, es el Banco de Datos Genéticos que manejará el Ministerio Público.
Afirmó que "este es un primer paso muy valioso, pero la idea es seguir avanzando en mejorar los sistemas de registro y bancos de datos para tener un abarcativo mapa del delito". Citó casos como el de la provincia de Córdoba, donde estos sistemas se aplican hace años.

Cómo funcionará

  • El legajo se integrará con información personal del condenado, los datos relativos a la condena y el código de identificación genética.
  • Se aplica un convenio de confidencialidad, que deberá ser firmado por cada persona que intervenga en el manejo de información.
  • Se deberá actualizar semestralmente la información contenida en los legajos. Se solicitará a los organismos pertinentes que informen novedades.
  • El juez o tribunal que dicte la sentencia condenatoria deberá ordenar la realización del examen genético y su inscripción en el banco de datos.

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Sección Editorial

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marcela alejandra medina
marcela alejandra medina · Hace 5 meses

Bien!!! por fin una buena noticia...


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