En dependencias del Registro Civil de Salta hay cerca de 2.500 expedientes de ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de Bolivia, que intentaron acceder a un Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino fingiendo pertenencia a comunidades aborígenes del norte provincial.
Esos trámites de inscripción, enmarcados en la amnistía que rige desde fines de 2011 para pobladores originarios, terminaron observados por gruesas inconsistencias detectadas en las exposiciones de los interesados, las declaraciones de testigos y los avales prestados por caciques.
Controles internos y cruces de información con oficinas consulares evitaron que se consumen millonarios fraudes en perjuicio del erario público nacional, mediante el cobro ilegal de asignaciones universales, otros planes de inclusión social y beneficios del sistema previsional argentino.
Los legajos vetados, sin embargo, también exponen la complicidad de delegados del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) que, en vez de facilitar la inscripción de las personas indocumentadas que tienen en sus comunidades, se prestan a esta clase de maniobras.
En medio de las internas y de manejos clientelares enraizados con las peores prácticas políticas, hay agentes del registro civil que inician trámites de inscripción impracticables a cambio de dinero o de tributos en especie que van desde una mera olla de cocina hasta una invaluable y prohibida piel de yaguareté.
Uno de estos casos explotó el martes de la semana anterior en los pasillos del Registro Civil, donde una presunta guaraní que tiene su trámite de inscripción observado puso los gritos en el cielo, junto a su madre. Varios empleados del organismo y personas que realizaban trámites a esa hora escucharon la fuerte discusión en la que dos exencargados de los operativos de inscripción en el norte, Héctor Concha y Carlos Villafañe, fueron acusados por la presunta aborigen de haberle sacado una olla como prenda de pago del trámite que lleva más de dos años demorado.
La encendida discusión del martes 13 llegó a picos de alto voltaje cuando el presidente del IPPIS, Miguel Siares, irrumpió en el Registro Civil y amenazó con presentar una denuncia penal para despegar al organismo indígena del escandaloso caso. Desde el día después, este diario intentó sin éxito que el dirigente kolla aclare su papel en los avales del expediente objetado. No se lo encontró en su despacho, no atendió su celular, ni dio señales de vida a los números teléfonos que agendó su secretaria ante los llamados que se hicieron desde la redacción de Limache.
Los cerca de 2.500 expedientes de inscripción observados, por cierto, no muestran como fedatarios responsables de los pueblos originarios a Siares, a su antecesor guaraní Enrique Arello ni al expresidente wichi del IPPIS, Indalecio Calermo.
No son menos reprochables los avales que caciques de diferentes etnias extendieron a supuestos miembros de sus comunidades, o clanes familiares, cuando resultaron ser ciudadanos de Bolivia que pagaron hasta 600 dólares, de acuerdo con denuncias que se reiteran en San Martín y Rivadavia, sin que el Ministerio Público y la Justicia actúen.
Cruces de información con organismos consulares de países vecinos evitaron que miles de inscripciones irregulares prosperen. Pero, ¿cuántos extranjeros lograron acceder a DNI argentinos pasando por pobladores originarios de San Martín, Rivadavia, Orán o Santa Victoria?
Distintas fuentes estiman entre 1.500 y más de 4.000 los casos irregulares, pero la cifra exacta sigue siendo un misterio. Un misterio demasiado caro para los sistemas social y previsional de la Argentina y una democracia desvirtuada por prácticas clientelares.

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Sección Editorial

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